El Juzgado Federal 4 de Rosario realizó este martes la audiencia de declaración indagatoria de la partera Dolly por una denuncia de apropiación de bebés. La acusada, de 88 años, se abstuvo de declarar y pagará una fianza de 5 millones de pesos para continuar en libertad durante el proceso penal.
El Juzgado Federal 4 de Rosario llevó a cabo este martes la audiencia de declaración indagatoria de la partera Dolly por una de las primeras denuncias que le hicieron sobre apropiación de bebés. Fuentes oficiales indicaron que pagará una fianza de 5 millones de pesos para continuar en libertad durante el proceso penal.
La defensa de la médica jubilada de 88 años había pedido la postergación del trámite en dos oportunidades anteriores. En esta ocasión, el Ministerio Público Fiscal (MPF) pudo acusarla por la supresión de identidad de Roberto Fargioni, el creador de un grupo de víctimas que busca conocer la verdad sobre sus padres biológicos en otros casos similares vinculados a la misma obstetra y a su hermana Silvia.
La investigación se refiere al registro del nacimiento del denunciante en el Hospital Roque Sáenz Peña. Si bien el episodio en cuestión ocurrió en 1978, los investigadores empezaron a rastrear documentación de partos desde 1959 con el fin de ampliar la búsqueda en base a los testimonios que recibieron sobre otras presuntas apropiaciones.
¿Cómo fue la declaración indagatoria de Dolly?
Dolly no estuvo presente ante el juez Carlos Vera Barros en los Tribunales federales de bulevar Oroño al 900. La anciana participó de la audiencia por videoconferencia, de acuerdo a la normativa del viejo sistema procesal en el que se tramita la causa.
En esta instancia, la exmédica del nosocomio municipal se abstuvo de prestar declaración sobre el caso. En la sala contó con el asesoramiento de su abogado Diego Sosa.
El fiscal Andrés Montefeltro señaló a la acusada por la falsificación del acta de nacimiento de Fargioni, firmada el 9 de septiembre de 1978. Allí inscribió como padres a un matrimonio que no tenía vínculo biológico con el niño.
De acuerdo al análisis de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos del MPF, la obstetra del hospital municipal intervino para suprimir y alterar la identidad del bebé. Actualmente, Fargioni sigue sin saber quiénes son sus progenitores reales.
El caso de la partera Dolly
El pasado 18 de septiembre, la fiscal federal Soledad García imputó a Dolly por supresión y alteración de la identidad de una mujer nacida en 1970. Esta acción judicial destapó un sinfín de casos que sumaron, al menos públicamente, sus denuncias. Mientras tanto, el creador del grupo Cardumen esperaba una medida similar sobre la denuncia que había hecho antes de la implementación del sistema acusatorio, de modo que su caso se abordó por canales diferentes.
Ahora la fiscalía federal de Rosario busca determinar si existió una modalidad sistemática de entrega de recién nacidos a cambio de dinero. La imputada no quedó detenida y el juez impuso medidas de restricción.
García acusó a Dolly de hacer un certificado de nacimiento en el que designó como padres biológicos a dos personas que no tenían ese vínculo. Los denunciantes aseguran haber sido separados de sus madres biológicas y entregados a otras familias durante el período en que la acusada trabajaba como partera.
El caso que derivó en la primera imputación se inició con una denuncia presentada el 15 de abril pasado por una mujer que figura en la partida de nacimiento como C.E.M.Q. Según la investigación, durante años tuvo dudas sobre su origen biológico y en 2012 pidió un estudio de ADN a quien figuraba como su madre.
El análisis determinó que no existía vínculo biológico entre ambas. A partir de esa información, la mujer comenzó a reconstruir las circunstancias de su nacimiento y denunció que había sido entregada a la familia que la crió mediante una maniobra en la que habría intervenido la partera.
Según la acusación, Dolly confeccionó un certificado en el que hizo constar que E.A.Q. y A.T.B., ambos fallecidos, eran los padres biológicos de la recién nacida. Con ese documento se realizó posteriormente la inscripción en el Registro Civil. La Fiscalía sostiene que la maniobra implicó la utilización de un instrumento público para establecer una filiación falsa y que sus efectos se mantienen hasta la actualidad, ya que la mujer continúa sin conocer su identidad biológica.