El Consejo Directivo del INTA aplicó la sanción de exoneración a Virginia Aparicio, coordinadora en Argentina del proyecto Sprint, que midió residuos de agroquímicos en el ambiente y en el cuerpo de voluntarios. La medida se oficializó mediante la resolución 366, basada en la reunión de la Comisión Directiva del 27 de agosto que concluyó el sumario abierto en diciembre de 2023.
El Consejo Directivo del INTA exoneró este lunes a Virginia Aparicio, investigadora de la Unidad Integrada Balcarce que coordinó en la Argentina el proyecto Sprint y midió residuos de agroquímicos en el ambiente y en el cuerpo de voluntarios.
Es la sanción más grave que prevé el empleo público nacional. La medida quedó oficializada en la resolución 366 del organismo. Se basa en la reunión de la Comisión Directiva del INTA realizada el 27 de agosto. Allí se dio por concluido el sumario abierto en diciembre de 2023 contra la investigadora. «Aplícase a la agente Virginia Carolina APARICIO (Legajo N° 17.205) la sanción de EXONERACIÓN por la violación comprobada de las prohibiciones del artículo 24, incisos e) e i)» de la ley marco de empleo público, reza la resolución.
La sanción extrema dispuesta por las autoridades del organismo fundamentó el despido en supuestas irregularidades administrativas vinculadas al uso de fondos, la presunta inobservancia de la vía jerárquica, modificaciones en el protocolo bioético, la centralización de análisis biológicos en laboratorios extranjeros y la participación de un colaborador sin designación formal para inspeccionar datos confidenciales.
La investigadora rechazó las imputaciones y señaló que su expulsión es por razones políticas. «No hay nada en claro que justifique el hecho de apartarme de la administración pública. Lo que quieren es generar miedo para que el resto de los investigadores se autocensuren, quieren que se dejen de investigar los temas verdaderamente importantes, los temas sensibles», declaró un mes antes de que se conociera el desenlace definitivo.
La resolución que expulsa a la investigadora incluye un párrafo relacionado con los resultados del estudio sobre agroquímicos. Cita un documento del propio proyecto Sprint (el D2.4, publicado el 28 de febrero de 2023) según el cual «ninguna de las ingestas calculadas superó la ingesta diaria admisible de referencia en los grupos estudiados» de glifosato.
Agrega que los autores consideraron que los niveles estimados «no deberían representar un riesgo potencial para la salud según ese criterio», y que advirtieron que los datos de salud disponibles no eran adecuados para un análisis epidemiológico.
Quienes defienden a la investigadora remarcan que los cuestionamientos burocráticos sobre la gestión del proyecto Sprint son un pretexto para censurar evidencias incómodas sobre el impacto del modelo de producción agropecuario en los ecosistemas y la población. Y ratificaron el compromiso innegociable con el derecho del pueblo a contar con una ciencia transparente, soberana y libre de presiones corporativas.
Un largo derrotero
El INTA aprobó la participación en el proyecto Sprint, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y coordinado por la Universidad de Wageningen, en mayo de 2020.
El 15 de junio de 2023 le ordenó a Aparicio suspender la reunión en la que iba a presentar los datos, una medida que la resolución definió después como «diligencias preventivas».
El 7 de diciembre de 2023, el Consejo Directivo dispuso la salida del proyecto por medio de la Resolución 1081. Ese mismo día, ordenó el sumario a Aparicio por la Resolución 1082.
El 15 de octubre pasado, la investigadora presentó, a título personal, los resultados de sus mediciones en el Concejo Deliberante de Balcarce.
Los gremios Apinta y ATE Conicet impulsaron la defensa de la investigadora bajo el lema «No a la exoneración de Virginia Aparicio».