El Plan de Protección del Salario lanzado por el gobierno provincial registró 10.138 inscriptos en su primera semana. La mayoría de las solicitudes provino del sector público.
El Plan de Protección del Salario, conocido como plan de desendeudamiento, contabilizó 10.138 inscriptos durante su primera semana de vigencia, según informó el gobierno provincial. Del total, 8.062 corresponden al sector público (6.888 empleados activos y 1.174 pasivos), mientras que 2.076 solicitudes provinieron del sector privado (1.826 trabajadores en relación de dependencia y 250 autónomos).
El plan permite a empleados públicos y privados, autónomos y jubilados refinanciar deudas por compromisos crediticios en hasta 60 cuotas. Las deudas contempladas son aquellas contraídas hasta el 30 de abril. En el caso de los empleados estatales, las deducciones no podrán superar el 25% de los ingresos.
El ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, declaró: «La reestructuración de las deudas se realizará durante mayo, mientras que las operatorias comenzarán a concretarse en junio». También afirmó que «la nueva cuota mensual puede llegar a reducirse hasta un 66% respecto de la que se venía pagando».
El esquema incluye un libre deuda por parte de los acreedores originales mientras el gobierno otorga el nuevo financiamiento. «De esa manera, se asegura que el financiamiento cumpla su función y brinda tranquilidad al trabajador, que queda liberado de las obligaciones previas», indicó Olivares.
La inscripción permanecerá abierta durante tres meses a través del portal oficial del gobierno provincial. Los empleados públicos y jubilados pueden iniciar el trámite de manera digital mediante la ID Ciudadana. Quienes no cuenten con ella encontrarán un tutorial en la misma plataforma. Una vez completada la solicitud, los interesados serán contactados por correo electrónico. Para consultas, está disponible la línea 0800-777-0801, de lunes a viernes de 8 a 18.
Olivares explicó que «el inicio del trámite se realiza de forma online, pero luego se coordina una instancia presencial, principalmente para evitar posibles estafas». Agregó que «el proceso comienza con la ID Ciudadana, aunque la operación concluye con una validación presencial».
Pasado el período de inscripción, el Poder Ejecutivo no descarta continuar con el programa «porque estamos brindando una posibilidad a muchas personas que no estaban acostumbradas a endeudarse y cuya situación económica reciente las llevó a esta instancia», sostuvo Olivares.