El gobierno provincial abonó más del 70% del presupuesto asignado de 103 millones de pesos para recompensas solicitadas por el Ministerio Público de la Acusación. Además, analiza incorporar un plan de desarme y recompensas sin pedido judicial.
El gobierno de Santa Fe pagó más de 100 millones de pesos en recompensas desde principios de 2024 hasta la fecha, según informó la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, en diálogo con La Capital. El presupuesto asignado por solicitudes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) es de 103 millones de pesos y se ha ejecutado en más del 70%.
En una primera etapa, comprendida entre principios de 2024 y el inicio de 2025, el Poder Ejecutivo contribuyó al avance de causas de alto impacto en Rosario mediante el ofrecimiento de dinero a testigos. Así se resolvió el asesinato de Bruno Bussanich y otro de los tres homicidios vinculados al crimen del playero.
En julio pasado, el Ministerio de Justicia y Seguridad autorizó la entrega de 10 millones de pesos por la captura de Damián Reifenstuel, imputado por el asesinato de Ivana Garcilazo tras el clásico rosarino del 30 de septiembre de 2023. Reifenstuel fue detenido el 25 de febrero de 2025 en Bolivia tras el reconocimiento de un testigo de identidad reservada.
Entre las resoluciones publicadas en los últimos diez meses, Santa Fe entregó cinco recompensas, aunque solo dos trámites se completaron con el monto fijado previamente. En los casos restantes, los colaboradores recibieron una compensación menor. Masneri explicó que los ofrecimientos se definen con la cifra máxima que se puede abonar y que los fiscales presentan un informe para evaluar cómo estaba la investigación antes de sumar el testimonio de los informantes.
El último detenido entre los sospechosos de alto perfil fue Alexis Emanuel “Chamí” Mendoza, miembro de la banda Los Menores. Cayó bajo arresto el 8 de marzo y el 24 de abril se autorizó el pago de 22 millones de pesos sobre un total de 30 millones previsto. La segunda recompensa más alta fue por la aprehensión de Gerardo Sebastián “Dibu” Gómez, detenido el 26 de agosto en Dock Sud, por la que se abonaron 15 millones de un total de 35 millones.
En el caso de Fernando Andrés “Colo” Cappelleti, detenido en barrio Martin, se entregaron los 20 millones de pesos fijados, al igual que en la captura de Reifenstuel. Los tres casos fueron abordados por el Bloque Interagencial de Capturas, creado el año pasado para articular el trabajo del Servicio Penitenciario, la Policía de Santa Fe, el MPA y organismos de inteligencia.
En lo que respecta al dinero, la provincia ofrece la plata en efectivo como una de las medidas para proteger a los testigos. El Estado puede entregar el dinero si se comprueba que un fugitivo falleció, según explicó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.
La quinta recompensa corresponde al crimen de Pablo Bonda, un tatuador baleado el 25 de enero de 2024. El gobierno autorizó la entrega de 6 millones de pesos tras la verificación de los datos obtenidos para el esclarecimiento del caso.
Cualquier persona que pueda colaborar para esclarecer un asesinato u otro caso de interés puede llamar al 911 o enviar un correo electrónico a [email protected]. También están disponibles las oficinas del MPA en Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela. Quienes participaron en los delitos investigados no pueden cobrar el dinero. El pago se define a partir de un informe del MPA y la Dirección Provincial de Protección de Testigos.
Frente a los resultados de los últimos dos años, el gobierno evalúa dos alternativas para mejorar el sistema dentro del plan de reforma en seguridad que envió a la Legislatura. Una de las modificaciones consiste en generar programas propios que no dependan de una solicitud judicial y pagar por la entrega de armas de fuego, “siempre que no tengan un resultado positivo compatible con un homicidio”, según indicaron fuentes oficiales. También se permitiría lanzar recompensas sin un pedido judicial concreto.