La bancada socialista propone cambios adicionales al mensaje del Poder Ejecutivo sobre ‘Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública’, que genera diferencias con el radicalismo. La Cámara de Diputados postergó por siete días el tratamiento en el recinto.
La Cámara de Diputados de Santa Fe postergó por siete días el tratamiento en el recinto del mensaje del Poder Ejecutivo titulado ‘Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública’. La decisión se adoptó el jueves pasado, luego de que el interbloque de Unidos no lograra sintetizar un dictamen en comisiones.
La diputada socialista Lionella Cattalini declaró: «En Unidos hemos tenido muchas veces diferencias, hemos hecho esfuerzos para tener consensos y lo vamos a lograr con Herramientas. Hemos ya votado 70 mensajes del Ejecutivo».
El interbloque de Unidos está integrado por 28 diputados: 14 socialistas, 9 radicales, 3 del PRO y los unipersonales de Creo y Uno. Las mayores diferencias se registran entre el socialismo y el resto de la bancada.
El expediente ingresó a la Cámara de Diputados el 14 de mayo a las 9:09. Dos meses después, ante la falta de avances en comisiones, el radicalismo logró que sea considerado conjuntamente por las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por Martín Rosúa (UCR) y Cattalini, respectivamente.
Se realizaron dos plenarios: uno con autoridades del Poder Judicial y otro con entidades vinculadas al derecho penal. En el primero, la Corte Suprema de Justicia en pleno, autoridades del Ministerio Público de la Acusación y la Defensora Pública Penal expusieron advertencias sobre los riesgos de algunas figuras incorporadas en el texto. En el segundo, participaron colegios de abogados y entidades defensoras de derechos humanos, con críticas que motivaron cuestionamientos de legisladores oficialistas y funcionarios de la Casa Gris.
El paquete ‘Herramientas’ abarca 9 reformas al Código Procesal Penal y modifica un artículo de la Ley de Ejecución de la Pena, otro de la Ley de Inteligencia, 3 artículos de la norma sobre Protección de Víctimas y Recompensas, y sendos artículos de la Orgánica de la Policía y del Código de Convivencia.
El presidente provisional del Senado y presidente de la UCR, Felipe Michlig, en la sesión del 22 de octubre, instó a la Cámara Baja a aprobar el paquete de leyes de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro, y señaló que el Senado ya había dado luz verde a varias de esas iniciativas meses atrás.
El gobernador Pullaro, el miércoles pasado ante personal del Servicio Penitenciario, afirmó: «Nosotros necesitamos más herramientas. Vamos a mandar más leyes a la Legislatura para pedirle más herramientas porque las necesitamos». Respecto a posibles cuestionamientos de inconstitucionalidad, sostuvo: «Yo no voy a mandar ninguna ley que es inconstitucional».
Los diputados radicales José Corral y Rosúa manifestaron su disposición a votar las herramientas reclamadas por el Ejecutivo. El día previo a la sesión, en una reunión con el interbloque de Unidos, los ministros Fabián Bastia y Pablo Cococcioni ratificaron que el proyecto era el texto original. Participantes describieron el encuentro como duro, con polémica y cruces políticos.
El jueves, Unidos no pudo emitir dictamen en comisiones. La oposición aguardaba en los pasillos; varios sectores anticiparon su voto en contra, especialmente el interbloque del PJ y la izquierda.
Tras la sesión, Corral y Cattalini se refirieron escuetamente al tema Herramientas. El resto del bloque socialista no formuló declaraciones. Voceros indicaron que hay capítulos del proyecto que no pueden votar y que la salida es mediante más diálogo hasta alcanzar un acuerdo.
Los radicales sostienen que el Ejecutivo necesita más herramientas para mejorar la seguridad pública y reprochan que los socialistas no valoran lo actuado en Rosario durante la gestión actual. En el Ejecutivo se muestran dispuestos a explicar las medidas solicitadas y entienden que pueden votarse por partes sin alterar el propósito.
Hasta el jueves habrá plazos para encontrar el acuerdo en Unidos. Desde el socialismo no se mencionó como alternativa romper la coalición. El ex gobernador Antonio Bonfatti, hoy diputado provincial, participó el jueves pasado del streaming del acto donde el radicalismo conmemoró el triunfo de 1983.
El Ejecutivo continuará poniendo el acento en la seguridad pública de cara a la campaña electoral. El ministro de Economía, Pablo Olivares, al presentar el Presupuesto 2027, destacó que una de las prioridades son las inversiones en seguridad, con $2,34 billones para cárceles, estaciones policiales y equipamiento de las fuerzas.
Mientras Unidos seguía trabado en el tema Herramientas en la Legislatura, el gobernador Pullaro recibió a tres de las principales figuras del gabinete nacional en la jornada de la ronda de negocios de RIGI en Rosario.
Interrogatorio policial
Uno de los temas que genera polémicas en Unidos es la declaración informativa e interrogatorio policial. El Poder Ejecutivo propone restituir la figura de la declaración informativa, destinada a los primeros momentos investigativos, para facilitar la recolección de información cuando aún es prematuro definir si una persona debe declarar como imputado o como testigo, evitando la declaración bajo juramento de personas que podrían ser luego imputadas. También habilita el interrogatorio policial en los primeros momentos investigativos y elimina la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.
Juicio en rebeldía
Otro tema que genera divisiones es la posibilidad de enjuiciamiento penal en rebeldía. Los fundamentos del mensaje señalan que ya existe en ciertos supuestos en el estado actual de la legislación. «No se viola el derecho de defensa si la persona es debidamente notificada de la causa en su contra, quedando a su criterio la posibilidad de comparecer a defenderse o no hacerlo, debiendo soportar en este último caso las consecuencias de su contumacia», expresa el texto. Además, prevé la revisabilidad de la condena en rebeldía y regula el supuesto de aparición tardía del imputado, cuando invocara motivos atendibles para justificar su incomparecencia.