El Consejo de Ministros de España aprobó este martes un proyecto de ley para regular el uso de la inteligencia artificial, que establece sanciones de hasta 35 millones de euros y será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria.
El Consejo de Ministros en España aprobó este martes el proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA). El texto, que toma como referencia el Reglamento Europeo de IA ya en vigor, será remitido a las Cortes para iniciar su tramitación parlamentaria.
El ministro de Transformación Digital, Óscar López, declaró en conferencia de prensa: “Creo que hemos dado un salto muy importante en un debate que es absolutamente civilizatorio. Estamos hablando de avanzar o retroceder”.
Según información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto prevé un marco sancionador con multas que parten de los 6.000 euros para infracciones leves y alcanzan los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio para las más graves.
Las infracciones que recibirán las sanciones más elevadas incluyen la creación de imágenes falsas de contenido sexual, el uso de sistemas masivos de clasificación biométrica por razones de raza, credo, orientación política o sexual, y aquellas que afecten a grupos vulnerables como niños o personas con discapacidad.
Además, la ley prohíbe usos que manipulen decisiones de forma subliminal, exploten vulnerabilidades por edad, discapacidad o situación socioeconómica, o desplieguen sistemas diseñados para inducir conductas perjudiciales. También se contemplan casos vinculados al uso de sistemas para detectar perfiles vulnerables e inducirlos a ingresar a plataformas de juego online.
Para las empresas, la normativa implica un cambio en la cultura regulatoria: al lanzar productos basados en IA, deberán verificar si el sistema está prohibido, si exige obligaciones reforzadas por ser de alto riesgo o si necesita medidas de transparencia adicionales. Para los usuarios, el impacto se traducirá en la posibilidad de identificar cuándo están ante una imagen, audio o video manipulados, en ámbitos como política, publicidad, entretenimiento y redes sociales.
El proyecto aprobado no es una ley definitiva. Tras la tramitación parlamentaria, el texto puede sufrir modificaciones y negociaciones antes de su aprobación final, y resta ver cómo se articula con la evolución del Reglamento Europeo de IA y otras normas españolas vinculadas al entorno digital.