Legisladores de la Coalición Cívica criticaron la iniciativa del Poder Ejecutivo, al considerar que no prohíbe la publicidad del juego legal y protege el negocio de las apuestas en línea.
Diputados nacionales de la oposición expresaron su rechazo al proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional sobre prevención de la ludopatía, que busca erradicar plataformas ilegales de juegos de azar en línea sin prohibir la publicidad del juego legal.
La diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, afirmó que la iniciativa «evita tocar el corazón del negocio del juego». Recordó que un proyecto anterior, que obtuvo media sanción en noviembre de 2024 y perdió estado parlamentario, «prohibía toda publicidad, mecanismo idéntico al implementado para los cigarrillos».
«Cerrábamos el camino a un lobby poderoso: el juego», declaró Frade, y agregó que «con este proyecto ganan las plataformas legales que solo quieren captar la masa de jugadores de las clandestinas».
La legisladora sostuvo que el proyecto del Gobierno «no es de prevención de la ludopatía sino de reafirmación de apoyo a las apuestas online». Señaló que el texto no pertenece al titular del Sedronar, Roberto Moro, sino al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y que «lo tenían ya escrito hace dos años».
«Las apuestas y casinos online destruyen la salud mental de jóvenes, pero también de adultos que afectan a hijos menores. La ludopatía no se detiene sola», afirmó Frade.
Por su parte, el diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI) sostuvo que el proyecto «lo único que hace es proteger el negocio del juego en línea». «Eligieron ponerse del lado del lobby de las empresas de apuestas. Solo persiguen y sancionan el juego ilegal», cuestionó.
El proyecto del Poder Ejecutivo apunta a combatir la explotación y difusión de plataformas de juego no autorizadas y prohíbe el acceso de menores de edad, pero no regula la publicidad de operadores legales. Sobre la publicidad, solo menciona que «no podrá utilizar contenidos que vinculen la participación en juegos de azar en línea con el éxito personal, laboral o social».
En cuanto a sanciones, se proponen penas de tres a seis años de prisión para responsables de plataformas no autorizadas, bloqueo de dominios y restricción de circuitos de pago. También se establece una pena de dos a cuatro años para quienes presten servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales esenciales para el funcionamiento de juegos ilegales, siempre que se demuestre conocimiento de la ilegalidad.
La iniciativa incluye campañas de concientización sobre los efectos adversos del juego patológico y busca fortalecer la articulación institucional con provincias y organismos competentes.