María Laura Garrigós de Rébori afirmó que la exigencia de instalar inhibidores de señal es «un chiste» y sostuvo que durante su gestión no había visitas por la pandemia. Fue procesada por el juez federal de Rosario Carlos Vera Barros por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
La ex interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF) María Laura Garrigós de Rébori realizó un descargo público luego de ser procesada por el juez federal de Rosario Carlos Vera Barros por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La imputación se basa en no haber impedido que líderes de organizaciones criminales se comunicaran desde las cárceles durante su gestión.
En una entrevista con el stream El Ciudadano Política, la ex funcionaria calificó como «un chiste» la exigencia legal sobre los inhibidores de señal y afirmó que los fiscales de la Procunar llevan adelante una persecución judicial selectiva en su contra.
Garrigós de Rébori fue designada en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, primero como interventora y luego como subsecretaria de Asuntos Penitenciarios. Sobre ese período, declaró: «Me nombraron subsecretaria de Asuntos Penitenciarios en la pandemia. La situación dentro de los penales fue gravísima, porque estábamos aislados y allí no era posible cumplirlo». Agregó que el personal penitenciario se trasladaba diariamente y que no había vacunas ni tratamientos disponibles. Mencionó además un motín en la unidad de Devoto que terminó con la muerte de dos personas y un allanamiento al área de Inteligencia del SPF dispuesto por el juez federal de Lomas de Zamora.
Respecto al procesamiento, sostuvo: «Yo integré por 42 años el Poder Judicial de la Nación y durante 25 años fui jueza penal. Si hubiera creído que estaba cometiendo un delito, hubiera actuado de otra manera». Señaló que durante la pandemia no hubo visitas, por lo que no había posibilidad de ingreso de celulares, y que se instalaron computadoras controladas por el Servicio Penitenciario para comunicación con abogados y familiares. Añadió que los teléfonos públicos en los pabellones no pueden ser intervenidos sin orden judicial, conforme a la ley de ejecución y la Constitución.
En relación con los inhibidores de señal, afirmó: «Eso es un chiste, porque está en una modificación que hicieron de la ley en el año 2017, donde en un rengloncito decía ‘poner inhibidores en las cárceles’. Desde entonces no hay inhibidores en las cárceles». Explicó que un equipo instalado en Piñero debió ser retirado porque afectaba a todo el barrio y que en Ezeiza un bloqueador de señal afectó a defensores. Sostuvo que estos aparatos son costosos, deben importarse y que Aduana no los autorizó durante la gestión anterior debido a una resolución del Ministerio de Salud.
Consultada sobre los motivos del procesamiento, manifestó: «A mí me llama la atención que solo se ocupen de si hubo inhibidores durante mi gestión», y mencionó que no hay inhibidores en unidades como Marcos Paz, Chaco, Salta o Rawson. También indicó que no se aportaron pruebas en su indagatoria y que la causa ya tuvo difusión periodística en tres ocasiones.
Sobre el estado procesal, informó que su abogada planteó la nulidad de la indagatoria y del procesamiento, y que la Cámara de Apelaciones deberá resolver. Aclaró que el procesamiento no constituye sentencia. Respecto a una posible persecución política, respondió: «No creo que sea una cuestión tan política», y señaló que los fiscales de la Procunar no han tenido repercusión pública por otras causas de importancia.
Finalmente, sobre su defensa, afirmó: «Si soy culpable es de haber cumplido la ley, de haber permitido que hablaran por teléfono público».