El Poder Ejecutivo firmó el DNU 366/2025 y el Decreto 524/2025 que crean la ciudadanía por inversión. La firma británica Henley & Partners participó en reuniones en Casa Rosada y publica en su sitio el programa.
El Poder Ejecutivo firmó el DNU 366 el 28 de mayo de 2025, una reforma migratoria que incorporó a la Ley 346 de Ciudadanía una nueva vía de naturalización por «inversión relevante», sin requisito de residencia previa, y creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, organismo descentralizado del Ministerio de Economía. El 30 de julio de 2025, el Decreto 524/2025 reglamentó el procedimiento y fijó la intervención de la SIDE, la UIF, el Ministerio de Seguridad, el Registro Nacional de Reincidencia y el Renaper en la evaluación de los solicitantes.
El viernes por la mañana, desde la Embajada argentina en París, el ministro de Economía Luis Caputo y Diego Santilli anunciaron el programa «ciudadanía por inversión». La oferta consiste en obtener la ciudadanía a cambio de US$350.000, o la suscripción de un bono por US$800.000. «Argentina hoy es un faro de libertad e inversión en el mundo», declaró Caputo.
El mismo día, la firma británica Henley & Partners publicó en su sitio detalles del programa, con una declaración de su CEO, Juerg Steffen, quien afirmó valorar «enormemente la oportunidad de colaborar de manera constructiva con el Gobierno argentino a través de una serie de talleres y conversaciones sobre el marco normativo en curso». La empresa se presenta como la más grande del mundo en el negocio de la «ciudadanía por inversión».
En un posteo del lunes, Henley & Partners publicó una foto de Steffen y colaboradores en Casa Rosada. «Durante los últimos 18 meses, Henley & Partners mantuvo numerosas reuniones y trabajó con el Gobierno en Buenos Aires. Estamos encantados de ver que nuestras consultas y aportes están dando frutos», sostuvo la firma.
En el registro de audiencias de Casa Rosada constan dos reuniones de ejecutivos de Henley & Partners con funcionarios. El CEO Steffen ingresó dos veces en 2025 a la sede de Gobierno para reunirse en la Jefatura de Gabinete: el 11 de junio con Guillermo Francos y el 14 de julio con Lisandro Catalán. Dos semanas después de la segunda reunión se firmó el decreto reglamentario.
En el Ejecutivo remiten a Caputo como mentor de la iniciativa. «Es toda de Caputo y de (Juan) Pazo», dijo una fuente. «Santilli sólo apareció en la foto en la Embajada porque lo llamaron», resumió otra. Francos, Catalán y Santilli no respondieron consultas periodísticas.
En Economía niegan cualquier contacto con Henley & Partners. En la presentación en París, Caputo dijo que la iniciativa nació «en uno de los primeros viajes que hicimos con el Presidente a Sun Valley hace dos años… (Allí) surgió el pedido desde muchos sectores de la ciudadanía argentina». Un comunicado oficial del Ministerio de Economía admitió que «el Gobierno es asesorado por un grupo de firmas internacionales líderes especializadas en migración por inversión».
Las diputadas Florencia Carignano, ex directora nacional de Migraciones, y Paula Penacca, de Unión por la Patria, presentaron un proyecto para derogar los artículos incorporados por el DNU y el Decreto 524/2025. «Acá vos decís le doy al fisco 350.000, dame el CBU, pasás esa plata y te dan el pasaporte. No tenés ni que venir a vivir acá, ni producir, ni generar un solo puesto de trabajo», dijo Carignano en un comunicado de prensa.
Henley & Partners registra antecedentes en programas similares. En 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló el programa de venta de ciudadanía de Malta. Un informe del Parlamento británico citado por el Financial Times acusó a la firma de financiar campañas políticas en San Cristóbal y Nieves. El OCCRP y la Fundación Daphne Caruana Galizia revelaron que la empresa gestionó pasaportes caribeños para empresarios luego acusados o condenados por fraude. La empresa negó las acusaciones: «Todas esas acusaciones son falsas y tienen motivaciones políticas», respondió una vocera.
El constitucionalista Sebastián Guidi escribió en Perfil que hasta el decreto 366/25 «había varios modos de obtener la nacionalidad: vivir dos años en la Argentina, tener hijos argentinos, practicar la docencia, establecer industrias, servir en las fuerzas armadas, expandir la frontera… Milei eliminó casi todos estos modos de acceso a la ciudadanía y los remplazó por uno solo: haber realizado una inversión relevante en el país».