Un informe de la Fundación Pensar, vinculada al PRO, reconoce avances macroeconómicos del Gobierno de Javier Milei, pero alerta sobre demandas sociales insatisfechas en jubilados, clase media baja y trabajadores informales.
El PRO, a través de un informe de la Fundación Pensar, comenzó a marcar diferencias con la segunda etapa del Gobierno de Javier Milei. El documento reconoce que la administración libertaria logró ordenar las principales variables macroeconómicas, pero alerta que la sociedad comenzó a demandar respuestas sobre cuestiones como salarios, consumo, empleo y poder adquisitivo. «La estabilización económica ya no alcanza», resume el informe.
El trabajo sostiene que el Gobierno «evitó en su primera fase el colapso económico: bajó la inflación», aunque advierte que el principal desafío del oficialismo será conseguir que esa mejora se traduzca en una sensación concreta de bienestar social. Según el relevamiento, distintos sectores reconocen avances en orden y estabilidad, pero mantienen reclamos pendientes que podrían condicionar el escenario político rumbo a las elecciones de 2027.
Uno de los capítulos más críticos está dedicado a los jubilados, considerados de «riesgo muy alto» para el Gobierno. Allí sostiene que «la sociedad puede aceptar un ajuste al Estado, a la política, a la obra pública o a subsidios. Pero el ajuste a jubilados tiene otro registro: genera enojo moral». Además, concluye que «el jubilado no puede esperar que el futuro llegue», al advertir sobre la insuficiencia de los haberes y el deterioro del poder de compra.
La clase media baja aparece como otro sector sensible. El documento señala que fue beneficiada por la desaceleración inflacionaria respecto de 2024, pero su principal preocupación continúa siendo «llegar a fin de mes», un reclamo que representa un «riesgo alto» para la administración libertaria. Entre los trabajadores informales, el principal reconocimiento al Gobierno es la menor inflación, aunque sus demandas se concentran en mayor generación de empleo y mejores mecanismos de protección social. Situación similar se observa entre los monotributistas, que esperan menor carga tributaria, más demanda y reglas previsibles.
El informe también advierte sobre el escenario laboral: «Tener trabajo no siempre significa estar a salvo», sostiene al analizar la situación de desocupados y subocupados. Explica que el malestar social ya no se mide solo por el desempleo abierto, sino que alcanza a quienes necesitan sumar horas laborales, conseguir un segundo empleo o resignaron consumos habituales para sostener su economía familiar.
Respecto de los empleados públicos, el documento asegura que sufrieron «una doble pérdida: pierde poder adquisitivo y pierde reconocimiento». Si bien admite que para parte de la sociedad el ajuste estatal es necesario para el orden fiscal, advierte que quienes integran la administración pública viven el proceso como «una experiencia concreta de deterioro e incertidumbre». La conclusión es: «no sólo perdió ingresos; perdió legitimidad social».
Finalmente, la Fundación Pensar sostiene que la principal incógnita para el oficialismo será determinar si la mejora de los indicadores económicos logrará convertirse en una percepción social positiva. «La mejora macro no puede ser considerada socialmente exitosa si 4 de cada 10 chicos viven bajo la línea de pobreza», señala al referirse a la pobreza infantil. El mensaje político del PRO es que la baja de la inflación ya no será suficiente para explicar el respaldo electoral al Gobierno.