La Municipalidad de Santa Fe remitió dos mensajes al Concejo Municipal para actualizar la normativa sobre cableado aéreo. El primero propone una excepción para la infraestructura de cámaras y semáforos; el segundo, un plan de reordenamiento gradual que incluye la creación de una mesa de abordaje y un registro único de infraestructura.
La Municipalidad de Santa Fe envió al Concejo Municipal dos proyectos de ordenanza vinculados al ordenamiento del cableado aéreo en la ciudad. Según informó el gobierno local, el objetivo es actualizar la normativa vigente, que data de 1999, y establecer un proceso gradual hacia el soterramiento de las redes.
El primer proyecto plantea una excepción para el cableado de cámaras de videovigilancia y de la red semafórica. El coordinador de Proyectos Estratégicos, Carlos Suárez, declaró: “Con relación a este cableado en particular, a esta infraestructura, la tenemos que atender urgentemente. Por eso solicitamos una excepción para llegar a un principio de solución en cuanto a garantizar el funcionamiento (de los dispositivos de videovigilancia y semáforos)”.
El segundo proyecto, al que accedió El Litoral, establece un plan ejecutivo para ordenar el cableado aéreo en uso. Según el texto, “no es posible implementar un plan eficiente de soterramiento sin un ordenamiento previo del cableado aéreo”. La iniciativa propone un “régimen transitorio” que permita ordenar el cableado existente y garantizar que las nuevas instalaciones se ajusten a parámetros técnicos uniformes.
El plan de reordenamiento consta de tres etapas: identificación y catastro de redes activas y cableado en desuso; retiro del cableado en desuso según un cronograma por sector; y reordenamiento del cableado activo, que incluye compactación, unificación de alturas y eliminación de redes redundantes. Este plan deberá ejecutarse en un plazo máximo de 48 meses desde la conformación de la Mesa Municipal de Abordaje de Tendidos Aéreos y Subterráneos.
La mesa estará integrada por áreas del Ejecutivo municipal, dos representantes del Concejo, un representante de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), del Estado provincial y de Nación, responsables de empresas prestadoras de servicios y expertos de universidades locales. Sus funciones incluyen el seguimiento del plan, la definición de parámetros técnicos y la propuesta de zonas prioritarias de intervención.
El proyecto también suspende por 180 días la aplicación del artículo 48 inciso a) de la ordenanza actual, lo que implica que no se otorgarán permisos para nuevas instalaciones de cableado aéreo durante 90 días, prorrogables por igual término. Se exceptúan tareas de recambio, renovación, mantenimiento o intervenciones de emergencia.
Además, se crea el Registro Único de Infraestructura Aérea de Telecomunicaciones y Energía (RUIA), donde deberán inscribirse todos los prestadores que ocupen el espacio público municipal con cableado aéreo. Finalmente, se establece un régimen sancionatorio para quienes no cumplan con la norma.