El Gobierno nacional y las universidades públicas suscribieron un acuerdo salarial que incluye un incremento del 24,33% para docentes y no docentes, además de fondos para funcionamiento y hospitales. Sin embargo, las entidades educativas mantendrán la demanda judicial por la Ley de Financiamiento Universitario.
El Gobierno nacional y las universidades públicas llegaron a un acuerdo salarial tras meses de negociaciones. La propuesta del Ejecutivo contempla la actualización de los sueldos de docentes y no docentes, así como la garantía de fondos para el funcionamiento de las casas de altos estudios y sus hospitales.
El entendimiento fue suscripto por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales docentes y no docentes, según informó el Ministerio de Capital Humano.
De acuerdo al comunicado oficial, el acta establece una recomposición salarial del 24,33% para el sector universitario. El Poder Ejecutivo transferirá a las universidades nacionales los fondos necesarios para incrementar la masa salarial en un 21,33% en junio, sobre los básicos vigentes a mayo de 2026, y en un 3% adicional en octubre, sobre los básicos de septiembre. Además, las partes acordaron que las paritarias universitarias se convoquen al menos cada tres meses durante lo que resta del año.
El acuerdo también incluye una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio de 2026, junto con fondos adicionales para áreas sensibles del sistema. En ese esquema, se prevé un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios, que se sumará a los $80.000 millones ya contemplados para esos centros de salud.
Asimismo, el Ministerio informó que se garantizarán fondos de capacitación para las entidades gremiales docentes y no docentes. También indicó que las universidades nacionales deberán rendir los fondos asignados conforme a la legislación vigente.
Por último, el convenio incorpora una suba del 50% para las Becas Manuel Belgrano desde junio de 2026, destinadas a carreras universitarias y terciarias vinculadas a áreas estratégicas. En cambio, no se incluyó una actualización para las becas Progresar.
A pesar del acuerdo, el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario continúa. Las entidades educativas aclararon que mantendrán la demanda en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Gobierno sostiene que la ley sancionada por el Congreso es “ilegal” porque no cumple con la normativa de administración financiera que exige identificar la fuente de los recursos, y considera que mantener la demanda judicial es incompatible con un acuerdo económico entre las partes.