El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, defendió este miércoles el proyecto de reforma del Código Procesal Penal y aseguró que no se vulneran derechos fundamentales.
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, declaró este miércoles que el proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la provincia preserva el “piso de garantías constitucionales”. Las declaraciones se dieron en respuesta a críticas de fuerzas opositoras y especialistas en derecho.
Cococcioni sostuvo que es necesaria una nueva modificación del Código Procesal Penal y reivindicó los resultados de la primera oleada de cambios normativos implementados desde diciembre de 2023. “En toda la provincia se empieza a dar respuestas a la problemática del microtráfico en función de las herramientas legislativas que nos han dado hace dos años”, afirmó.
El ex secretario de Asuntos Penitenciarios señaló que los legisladores están “satisfechos” con los datos del informe bianual sobre la desfederalización parcial de la ley de estupefacientes. También mencionó el aval que generan los cambios en las estadísticas criminales y concluyó: “Esto nos da el pie para plantear nuevas herramientas”.
Respecto a la situación de seguridad en Santa Fe, Cococcioni indicó que la provincia aún está lejos de igualar a otras jurisdicciones y que la tasa de homicidios sigue por encima de la media nacional. “No podemos decir que estamos bien en materia de seguridad. Los indicadores han mejorado muchísimo si los comparamos con los de 2022 o 2023”, explicó.
“Estamos lejos de una situación óptima. Por eso, la instrucción fue no levantar el pie del acelerador”, señaló el ministro, en referencia a las órdenes del gobernador Maximiliano Pullaro. Sobre la reforma del Código Procesal Penal, puntualizó que el proyecto no perfora el piso de garantías constitucionales, pero “permite llevar hasta el máximo posible el esfuerzo de política criminal”.
Cococcioni había afirmado previamente que no era momento de “ablandar” la política para frenar la violencia y el desarrollo de las organizaciones delictivas. “En algunos casos, tal vez nos acercamos a los límites consensuados socialmente, pero ninguna cláusula constitucional es lesionada”, remarcó.
Entre las nuevas herramientas en consideración, el Poder Ejecutivo aspira a implementar el procedimiento por decreto penal sin la intervención de un juez para dictar una condena. Sobre este punto, Cococcioni comentó: “En Alemania lo tienen hace un siglo para ofensas leves y no hay ningún cuestionamiento. Lo aplicamos nosotros cada vez que pagamos una multa por estacionar mal”.
Mientras Cococcioni se refería al debate legislativo, una cuadrilla enviada por orden judicial inició la demolición de un búnker de drogas en Centeno al 2400. El fiscal César Cabrera confirmó que el lugar era utilizado por la misma banda que regenteaba otros puntos de venta cercanos en la zona sur de la ciudad.
El representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) recordó que el sitio fue allanado mientras había un comprador. En ese momento arrestaron a una persona menor de edad y a otra adulta. Después empezaron a verificar si era viable derribar el inmueble, ya que fue utilizado nuevamente para comercializar estupefacientes tras el operativo policial.
“La intervención no es solamente en los búnkeres sino una intervención barrial en Villa Moreno y Villa Centeno por los índices altos de violencia que había y reportes de venta de estupefacientes”, comentó el funcionario judicial. En ese caso puntual, constataron que el lugar no era habitable en absoluto y prácticamente no tenía techo.
Cabrera adelantó que seguirán adelante con el plan de control territorial y deslizó que ya identificaron otros inmuebles similares en varias cuadras a la redonda. Fuentes oficiales indicaron que desde principios de 2024 se inactivaron 119 puntos de venta de droga en la provincia y 76 de ellos se ubicaban en Rosario.