La promulgación de la Ley 14.486 modifica el Código de Convivencia de Santa Fe y establece sanciones para la actividad de cuidacoches. La Municipalidad de Santa Fe ya cuenta con una ordenanza que prohíbe la actividad desde mayo de 2024 y un esquema de controles operativo. El secretario de Gobierno y Control, Sebastián Mastropaolo, afirmó que la ciudad fue pionera en la implementación de controles y que ahora se suma un marco provincial con sanciones más severas.
La promulgación de la Ley 14.486, que modifica el Código de Convivencia de Santa Fe y establece un nuevo régimen para la actividad de los cuidacoches, no implica para la ciudad de Santa Fe comenzar de cero. Por el contrario, la Municipalidad ya cuenta desde mayo de 2024 con una ordenanza que prohíbe el cuidado y la limpieza de vehículos en la vía pública.
El secretario de Gobierno y Control de la Municipalidad de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo, destacó ese recorrido previo y aseguró que la ciudad fue pionera en la implementación de controles sobre los denominados “trapitos”.
“Estamos muy conformes y contentos de que haya avanzado un proyecto de ley. Como todos saben, la ciudad de Santa Fe fue pionera en este tema. La venimos trabajando desde el primer día de la gestión”, sostuvo.
En ese sentido, el funcionario remarcó que el municipio ya dispone de un esquema operativo que articula la intervención de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) con efectivos policiales. “Tenemos el binomio trabajando junto con la GSI, tenemos una cuestión operativa” para abordar la problemática, explicó.
Qué aporta la ley provincial
La Ley 14.486 fue promulgada mediante el decreto Nº 2121, firmado el 2 de octubre por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno, Fabián Bastía. La norma incorpora los artículos 66 bis, 66 ter y 66 quater al Código de Convivencia provincial.
La nueva legislación establece sanciones para quienes, sin autorización y cuando la actividad esté prohibida por una normativa local, ofrezcan espacios de estacionamiento o realicen tareas de guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos a cambio de una retribución.
La pena prevista es de dos a diez días de trabajo comunitario, además de la prohibición de concurrir al lugar donde se cometió la contravención. En caso de reincidencia, puede aplicarse arresto de 10 a 20 días.
La ley también contempla agravantes. Las sanciones se duplican cuando existen violencia o amenazas, cuando la actividad se desarrolla en zonas de estacionamiento tarifado, en las inmediaciones de eventos públicos masivos, durante la noche —entre las 18 y las 6— o en zonas escolares, bancarias, comerciales o de edificios públicos. También se consideran agravantes determinadas situaciones de vulnerabilidad.
Además, si existe una organización o acuerdo previo entre dos o más personas para desarrollar la actividad, la normativa contempla penas de arresto. En el caso de organizadores, coordinadores o responsables, la escala puede incrementarse.
Para Mastropaolo, este nuevo marco permite fortalecer una intervención que en la capital provincial ya se viene desarrollando. “Nosotros ya estamos hace mucho tiempo trabajando con esta funcionalidad. ¿Por qué? Porque la GSI, fíjense que algo de lo que dice la norma es directamente el municipio va a delegar o va a invitar obviamente a la provincia para que intervengan en conjunto. Nosotros con el binomio policial ya lo estamos haciendo hace dos años desde el momento que tuvimos la ordenanza”, explicó. Y marcó la diferencia que introduce ahora la legislación provincial: “Lo que pasa que el poder de la policía estaba encorsetado porque no tenía un marco normativo, pero nosotros ya lo venimos haciendo. O sea, que no cambia demasiado la acción”.
Un expediente por cada caso
Uno de los puntos que resta definir es el procedimiento administrativo que se aplicará en cada intervención. Según explicó el funcionario, cuando un cuidacoches sea intimado a abandonar la actividad y se niegue, se generará un expediente.
“Ahora, por cada situación que se determine para cada cuidacoches o trapito que se niegue a desistir esa acción, se va a armar un expediente que ahí es donde el actor municipal va a generar esta instancia”, señaló Mastropaolo.
La propia ley establece que la acción por las contravenciones estará a cargo de los municipios y que estos podrán solicitar la intervención policial, a través del Ministerio de Seguridad, para hacer cesar la situación y desplazar a los presuntos infractores del espacio público.
Ese es precisamente uno de los aspectos que la Municipalidad deberá terminar de acordar con la Provincia. “Hoy tenemos un marco normativo provincial que nos permite, obviamente, actuar de una manera mucho más contundente”, afirmó Mastropaolo. Y agregó: “Aquí nos quedan algunas situaciones para adaptar, para hoy trabajar en conjunto. Tenemos que trabajarlo con el Ministerio”.
El secretario adelantó que ya comenzó a gestionar esos encuentros: “Yo ya estoy generando las próximas reuniones con el Ministerio de Seguridad porque, claro, nosotros tenemos hoy la norma que habla en su artículo cuarto de estos actores contravencionales que también tienen mucho para decir el municipio”.
Dos años de prohibición en Santa Fe
La situación actual es consecuencia de un cambio de rumbo que se produjo en 2024. Hasta entonces, la ciudad tenía vigente la Ordenanza Nº 12.635, sancionada en 2019, que había creado un programa inclusivo y un registro de cuidadores de vehículos.
En abril de 2024, el Ejecutivo municipal había avanzado inicialmente con el Programa de Estacionamiento Social Asistido (PESA), que buscaba reconvertir la actividad y asignar espacios determinados a cuidacoches. El esquema generó cuestionamientos y finalmente fue reemplazado por una política de prohibición.
El 6 de mayo de 2024, el Concejo Municipal derogó aquella ordenanza y aprobó la prohibición de la actividad de cuidado y/o limpieza de vehículos en la vía pública. Días después comenzaron los primeros operativos conjuntos entre el municipio y el Ministerio de Seguridad provincial.
Los controles tuvieron continuidad durante los meses siguientes. Un relevamiento municipal registró, hasta diciembre de 2024, 4.982 intervenciones, 179 cuidacoches censados y 52 detenidos, 30 de ellos con pedidos de captura. También se habían conformado 11 cooperativas de trabajo que incorporaron a 123 ex cuidacoches.
El propio Mastropaolo había planteado durante 2025 que la ordenanza municipal resultaba insuficiente para desalentar definitivamente la actividad y reclamaba un marco provincial que otorgara mayores herramientas.
Ahora, con la promulgación de la Ley 14.486, el funcionario considera que esa herramienta finalmente está disponible.
“La operativa está”
Más allá de las cuestiones administrativas que todavía deben definirse, Mastropaolo buscó transmitir que los controles no dependen de la reglamentación de esos aspectos. “Esta es la parte más administrativa que nos falta cerrar, pero la operativa, lo que quiero transmitir tranquilidad, es que está operativa”, afirmó.
Además, recordó que la nueva normativa contempla agravantes que tendrán especial incidencia en determinados puntos de la ciudad, como las zonas donde se desarrollan eventos masivos. “Ahora va a tener agravantes, como lo dice la ley: la reincidencia, horarios nocturnos, cercanía a instituciones públicas, eventos masivos… todo esto van a ser agravantes”, señaló.
El secretario municipal volvió a remarcar que la prohibición local tiene más de dos años de vigencia: “En la ciudad de Santa Fe hace más de dos años está prohibida la actividad. Hoy hay un marco provincial regulatorio que vuelve a insistir sobre esta misma situación y va a agravar las penas”.
Por último, pidió a los vecinos que utilicen los canales de denuncia ante la presencia de cuidacoches. “Desistir de la actividad. Que el vecino denuncie, es importantísima la participación del vecino”, sostuvo Mastropaolo, quien indicó como vías de comunicación el 0800-777-5000 de la Municipalidad y el 911 ante situaciones que requieran intervención policial.
La nueva ley provincial, además del régimen de sanciones, establece que el Poder Ejecutivo deberá implementar acciones de prevención e inclusión social, entre ellas capacitación, formación en oficios, intermediación laboral y abordajes vinculados con salud mental y consumos problemáticos, priorizando la articulación con los gobiernos locales.