El fiscal José Luis Caterina presentó un requerimiento acusatorio de más de 300 páginas con pedidos de condena y multas para los 21 acusados por el desvío de fondos destinados a la carga de combustible de patrulleros en la Unidad Regional II de Rosario.
El fiscal José Luis Caterina, a cargo de la investigación por maniobras de desvío de fondos destinados a la carga de combustible de patrulleros de Rosario, determinó distintas multas además de los pedidos de condena. En lo que respecta al exjefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, la multa asciende a más de 240 millones de pesos.
De acuerdo con la teoría del caso expuesta por el fiscal, las maniobras para desviar el dinero se realizaron de dos formas: por sobrefacturación del combustible cargado en los móviles policiales y por cargas ficticias o “fantasmas”. Caterina indicó que en abril de 2025, un mes antes de los primeros allanamientos, la Unidad Regional II de la Policía había gastado 406.924.155 pesos en combustible. En junio, luego de las detenciones, el gasto fue de 348.147.069 pesos.
En una audiencia en el Centro de Justicia Penal, el fiscal de la unidad de Corrupción Funcional y Violencia Institucional explicó que al elevar el requerimiento acusatorio en mayo pasado, donde se adelantaron las solicitudes de pena para cada imputado, faltó agregar la pretensión de las multas. Actualmente se cursa la etapa preparatoria del proceso penal. El fiscal Caterina presentó un escrito acusatorio de más de 300 páginas que incluye pedidos de pena que van entre los 14 años y los 3 años y 4 meses para un total de 21 acusados por diversos delitos.
Quiénes son los imputados
Entre los imputados se encuentran Juan Pablo Pigozzi, a cargo de la Brigada de Orden Urbano; el comisario Gerardo Ramírez, titular de Garaje y distribución de combustible en la Unidad Regional II; el comisario Fabián Fantín y el inspector Mario Brest, jefe y subjefe de la Sección Perros y Caballería, respectivamente.
Los otros agentes acusados, pero de menor rango, son Javier Arce, de Infantería; el subinspector Fernando Ceballos, del Grupo Táctico Multipropósito; el subinspector Jorge Delgado, de la División Logística; el subinspector Sergio López, del Comando Radioeléctrico; el subinspector Gustavo Bazán, de la División Logística; el inspector Juan Villordo, de la brigada motorizada; la empleada de la División Personal, Nancy Plomer; y el inspector Franco Cuesta, de la Policía de Investigaciones.
Multas millonarias
Los montos pedidos por Caterina para los implicados son variados. Para el extitular de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, solicitó 12 años de prisión y 241.920.000 pesos de multa. Para el secretario privado de Acosta, Rodrigo Domínguez, 14 años de cárcel y una multa de 174.200.000 pesos. Para Mónica Juana Bianconi, titular de la estación de servicio, 8 años y 356.000.000 de multa. Para Daniel Alberto Reynoso, encargado de la estación de servicio, 6 años y 8 meses y 25.200.000 pesos.
Para el exjefe del Comando Radioeléctrico, Diego Santamaría, el pedido fue de 7 años y 54.000.000 de multa. El exjefe de la Brigada Motorizada, Héctor Saucedo: 7 años y 36.000.000. El exjefe de la Brigada de Orden Urbano, Juan Pablo Pigozzi: 8 años y 72.000.000. El exjefe de División Logística, Roberto Blanco: 6 años y 8 meses y 12.000.000. Para Fabián Fantín, de Caballería y Perros: 5 años y 18.000.000. Para Adrián Bahl, de Caballería y Perros: 5 años y 13.500.000. Para Edgardo Roldán, Roberto Sandoval y Franco Cuesta, involucrados con vehículos específicos asignados para facturación fantasma, 19.620.000, 6.920.000 y 9.000.000 de pesos, respectivamente.
Finalmente, para Gustavo Adrián Bazán, Juan Alberto Villordo, Fabián Becerra, Diego Luna, Javier Arce, Fernando Ceballos, Juan Manuel Herrera y Mario Brest, encargados de cargas y/o jefes menores, las multas oscilan entre 3.060.000 y 12.000.000 de pesos.
Mecánica del fraude
Según consta en la investigación, la maniobra se gestó en el comedor de la Jefatura. Los jefes de secciones fueron citados a escuchar la propuesta: “Hay que hacer plata con el combustible”. Fue en mayo de 2023, cuando Daniel Acosta acababa de asumir al frente de la Unidad Regional II. La organización, montada en el corazón de la policía rosarina, de común acuerdo con una estación de servicios, montó un fraude al Estado. Con estrategias de sobrefacturación y cargas ficticias se generó un flujo quincenal de dinero en efectivo. El 20% era para los civiles y el 80% restante se repartía entre los uniformados y ascendía en la cadena de mando.
Así lo describió un jefe policial detenido en mayo junto a tres civiles y otros catorce policías de distinto rango, en el primer tramo de la investigación. A fines de octubre declaró como imputado colaborador en la causa que investiga el fiscal José Luis Caterina. En una audiencia ante el juez Gustavo Pérez de Urrechu, detalló la mecánica del engaño. Reveló que sólo el Comando Radioeléctrico embolsaba unos 4 millones por quincena.