La Libertad Avanza consiguió dictamen de mayoría para la reforma del régimen simplificado de Ganancias, con la exclusión de las personas políticamente expuestas. El despacho obtuvo 44 firmas y quedó listo para su tratamiento en el recinto.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda y la de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación emitieron dictamen de mayoría para el proyecto de reforma del régimen simplificado de Ganancias, conocido como Inocencia Fiscal II. El oficialismo, liderado por La Libertad Avanza, obtuvo 44 firmas, de las cuales 27 correspondieron a la primera comisión y 17 a la segunda, con una disidencia. La reunión fue presidida por Bertie Benegas Lynch y contó con la presencia de 75 diputados.
El proyecto original enviado por el Ejecutivo contemplaba la adhesión de personas políticamente expuestas (PEP), punto que fue retirado del dictamen final. La exclusión de las PEP fue uno de los principales reclamos de la oposición. Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) preguntó el motivo del cambio de postura en una semana y solicitó que se leyera el artículo 38 del despacho, que establece la exclusión. Benegas Lynch dio por terminada la reunión tras un intercambio con la diputada.
Previo al debate, expusieron representantes de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. José Ignacio Simonella sostuvo que el proyecto “complementa y mejora” la ley vigente, aporta “mayor certeza jurídica” y limita la discrecionalidad de ARCA. “No se está tratando de un blanqueo”, afirmó, y explicó que el régimen fomenta la formalización de ahorros sin modificar la ley del Impuesto a las Ganancias. Oscar Fernández definió el régimen como un “tapón fiscal” y precisó que solo podrán adherir personas humanas y sucesiones indivisas residentes, no sociedades.
La reforma amplía la declaración simplificada, pero excluye a los grandes contribuyentes de la presunción de exactitud y de los beneficios sustanciales. El artículo 40 bis, que obliga a bancos y otros sujetos del sistema antilavado a considerar la adhesión como un “antecedente favorable”, fue otro punto de debate. Matías Álvarez, presidente de la UIF, defendió la medida: “El antecedente favorable es un insumo más dentro de la debida diligencia”, y aclaró que no certifica el origen lícito del dinero ni elimina la obligación de reportar operaciones sospechosas. Pamela Verasay (UCR) pidió precisiones sobre la reglamentación. Álvarez anticipó niveles de debida diligencia simplificada, media y reforzada, y señaló que una PEP nunca podrá quedar sometida a control simplificado.
La exclusión de las PEP no modificó el rechazo de los bloques opositores. Nicolás del Caño cuestionó que se impulse otra reforma pocos meses después de la sanción original y sostuvo que eliminar topes de ingresos y patrimonio amplía beneficios para grandes evasores. Carlos Castagneto reclamó datos sobre los resultados de la primera versión y advirtió que se modifica la norma sin información previa. Romina Del Plá anticipó un dictamen de rechazo y apuntó al artículo 40 bis. Desde La Libertad Avanza, Mónica Becerra defendió el proyecto como una corrección técnica para “atenuar la presión punitiva” y afirmó que “esto trae alivio”. El despacho quedó listo para su tratamiento en el recinto.