La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) expresó su rechazo a la reglamentación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional. La entidad cuestionó el Decreto 612/2026 y apuntó contra el ministro Federico Sturzenegger.
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) emitió un comunicado en el que rechazó el Decreto 612/2026, reglamentado por el Poder Ejecutivo, y dirigió sus críticas al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La entidad manifestó su «profunda preocupación y rechazo» a la medida, que consideró un retroceso respecto del espíritu inicial de la reforma laboral.
El conflicto se centra en los costos laborales del sector comercial. Según CADAM, el decreto modifica el esquema de contribuciones que las empresas realizan por cada trabajador alcanzado por el convenio colectivo de empleados de comercio. La entidad señaló que las compañías están obligadas a efectuar aportes al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), incluso cuando los trabajadores no reciben capacitación.
CADAM estimó que este mecanismo genera una recaudación superior a los 30.000 millones de pesos anuales, fondos que se distribuyen entre determinadas cámaras empresarias, aun cuando las empresas no hayan decidido asociarse voluntariamente a esas entidades. «No queremos que se nos obligue a financiar estructuras que no nos representan», sostuvo la cámara.
El Decreto 612/2026 establece que las contribuciones y aportes que los empleadores acuerden en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo deberán destinarse exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural en beneficio de los trabajadores. CADAM interpretó que esta modificación desvirtúa el objetivo original de la reforma laboral.
«Si el objetivo de la reforma era terminar con cargas laborales y costos que no responden a una decisión libre de las empresas, no puede ocurrir que, después de sancionada la ley, se vuelva a introducir por vía reglamentaria un mecanismo que genere precisamente ese efecto», advirtió CADAM.
La entidad reclamó que las empresas puedan decidir libremente si desean realizar aportes a cámaras, asociaciones u otras instituciones empresariales. Diferenció entre una contribución voluntaria y una obligación derivada de una negociación colectiva en la que, según planteó, la empresa no participó.
El debate se enmarca en las discusiones sobre la implementación de la reforma laboral y el impacto de los convenios colectivos en los costos que afrontan las empresas.