El gobierno de Santa Fe tomó posesión este miércoles de un edificio de tres pisos ubicado en Buenos Aires al 1000, en pleno centro de Rosario, que fue decomisado en una causa judicial por lavado de activos en la que fue condenado el empresario Leandro David “Lelo” Pérez.
El gobierno de Santa Fe tomó posesión este miércoles de un edificio de tres pisos ubicado en Buenos Aires al 1000, en pleno centro de Rosario, que fue decomisado en una causa judicial por lavado de activos en la que fue condenado el empresario Leandro David “Lelo” Pérez, también conocido en su faceta más popular como expareja de la vedette Vicky Xipolitaquis.
Se trata de un inmueble que contiene 27 departamentos, algunos de los cuales estaban habitados por inquilinos y otros usurpados, según indicaron los funcionarios provinciales, y que hoy ante la medida judicial fueron desalojados en medio de un operativo en el que participó la policía, pero en el que no hubo incidentes.
El edificio ingresará en los próximos meses en la lista de bienes incautados al delito con destino a una subasta pública que se realizaría entre marzo y abril del año que viene.
Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital
El secretario de Gestión de Registros Provinciales del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe, Matías Figueroa Escauriza, uno de los funcionarios que estuvo al frente del procedimiento realizado esta mañana, brindó precisiones sobre el operativo.
“Se hizo el decomiso de esta propiedad en el marco de una causa judicial vinculada al lavado de activos. Es un inmueble que se compró con plata sucia, a través de una mega causa judicial por estafa inmobiliaria que fue muy conocida en Rosario. Se determinó la condena al titular de este inmueble y también el decomiso de este bien”, expresó Figueroa Escauriza, quien estuvo acompañado durante el procedimiento por el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini.
Intento de usurpación en el edificio
En declaraciones a la prensa, Figueroa Escauriza recordó que una vez que la Secretaría de Gestión de Registros “se anotició de la decisión judicial del decomiso, se coordinó con el Ministerio de Justicia y Seguridad y con el Ministerio Público de la Acusación para realizar esta medida. Tal como nos pidió el gobernador Pullaro, les quitamos los bienes a los delincuentes para debilitar sus estructuras criminales y para que dejen de tener dinero y no puedan seguir cometiendo daños en las calles”.
El funcionario provincial remarcó que este miércoles “se tomó posesión de esta propiedad, luego de que ayer se produjera un intento de usurpación. Las mismas personas que estaban aquí habían incentivado a otras personas para que ingresaran y ocuparan departamentos. Hoy, a través de una orden de allanamiento y desalojo inmediato, estamos tomando posesión de este inmueble, siendo uno más de los que venimos decomisando, tal como lo hicimos con Los Monos, con Esteban Alvardo y en este caso, en una causa por lavado de activos”.
Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital
Figueroa Escauriza también se refirió a las personas que vivían en el edificio y que esta mañana fueron desalojadas. “Este lugar funcionaba como un hotel. Había gente que alquilaba mensualmente, pagaba a mes vencido y sin contrato. Hace más de un mes, venimos por primera vez y notificamos a todas las personas que vivían allí y al encargado. Dejamos notificaciones en cada uno de los 27 departamentos con un plazo hasta el 25 de julio para desalojar el inmueble. La semana pasada volvimos y como todavía había gente viviendo, les dimos plazo de una semana más para que encuentren un lugar”.
El secretario de Registros Provinciales señaló que “Pérez compró esta propiedad muy cara. Tiene 27 departamentos que todos los meses le generaban más dinero. Los imputados levantaban 20 millones de pesos por mes. Cada día que pasaba era plata que recaudaban. Eso es lo que ahora se cortará. Hoy se hizo el decomiso, la toma de posesión y se desalojó a la gente que anoche se metió en este lugar para usurparlo. Alguien incentivó a que más de 15 personas ingresen anoche en este lugar. Quienes estaban de buena fe viviendo ahí, ya se fueron; quedaban dos familias a las que estamos atendiendo. El resto, unas 15 personas, se tuvieron que ir. No queremos que esto se convierta en un aguantadero en pleno centro de Rosario”, subrayó Figueroa Escauriza.
Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital
Por su parte, Federico Angelini, funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad, expresó que “la política base del gobierno provincial es que los delincuentes estén en la cárcel y que sus bienes sean decomisados. Se irá en contra de toda la cadena que comete delitos. Se persigue a aquel que está en el narcomenudeo hasta aquel que distribuye drogas y al que comete delitos con armas, pero también se va contra el delincuente de guantes blancos o los que se enriquecieron muchísimo todos estos años con muchísimo sufrimiento de los rosarinos”.
“Es fundamental avanzar en este tipo de causas de lavado de activos. No nos quedamos con los delincuentes barriales. Pero este tipo de causas tienen mucha complejidad, pero gracias a los equipos de los ministerios de Gobierno y de Seguridad y del Ministerio Público de la Acusación se pudo avanzar en este caso. Hoy los bienes están del lado correcto y los delincuentes sin el dinero que ganaban”, destacó Angelini.