Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) revela que el saldo comercial acumulado entre enero y mayo de 2026 es el más alto en 36 años, pero la recaudación impositiva de junio registró su peor desempeño en dos décadas, mientras la mora en créditos familiares escaló al 12,1%.
La economía argentina presenta comportamientos diferenciados entre sus variables externas y el mercado interno, según el último informe semanal del Instituto Argentina Grande (IAG). Entre enero y mayo de 2026, el saldo comercial acumuló USD 11.783 millones, el valor más alto de los últimos 36 años. Este resultado estuvo impulsado principalmente por el sector de energía y combustibles, que registró un incremento interanual del 44,7% y un salto del 526% en el saldo exportador neto.
El dinamismo comercial permitió que las cuentas corriente y financiera cerraran mayo en terreno positivo. El Banco Central (BCRA) compró USD 10.634 millones en lo que va del año y el riesgo país se ubicó en 417 puntos, su nivel mínimo desde 2018.
No obstante, el diagnóstico del IAG señala que este flujo de divisas no se traduce en acumulación efectiva de reservas ni en densidad productiva local. Las reservas internacionales crecieron USD 4.312 millones, equivalente al 41% de lo adquirido por la autoridad monetaria, debido a una filtración de recursos. La remisión de utilidades y dividendos hacia el exterior registró un saldo negativo de USD 1.841 millones en cinco meses, el máximo histórico de la serie iniciada en 2003. A esto se suman USD 2.667 millones dolarizados por personas humanas durante mayo y el destino de depósitos propios para afrontar vencimientos de deuda soberana por USD 4.300 millones en Globales y Bonares.
En el plano fiscal, junio cerró con una recaudación de $20 billones, una caída real del 7,3% interanual, que lo convierte en el peor junio de las últimas dos décadas. La merma se explica por la quita de retenciones al agro —los derechos de exportación cayeron un 45,9% real— y por la contracción de dos pilares del financiamiento estatal: el IVA interno perdió $3,1 billones en el semestre por el derrumbe del consumo masivo, y los recursos de la seguridad social retrocedieron $1,4 billones ante el deterioro del empleo formal y el salario.
La actividad económica, medida a través del EMAE, registró en abril una contracción del 1,5% mensual desestacionalizado. El rebote interanual del 1,6% se restringe al sector agropecuario y extractivo, rubros que aportan divisas pero no generan empleo de calidad.
El informe también destaca una transferencia de costos hacia los hogares mediante impuestos y tarifas. Desde el cambio de gestión, el impuesto nominal a los combustibles trepó un 1346,9% frente a una inflación acumulada del 312%. En julio, se pagan casi $400 de carga impositiva por cada litro de nafta súper. El gasto devengado por Vialidad Nacional sufrió una caída real del 85% en el semestre.
El valor de tres garrafas de 10 kg pasó de representar el 2,8% al 6,2% de un salario mediano privado registrado tras la eliminación de precios máximos y el congelamiento de subsidios que alcanzan al 39% de los hogares del país. La canasta básica de servicios (luz, agua, gas y transporte) para un trabajador formal saltó de $61.219 en noviembre de 2023 a $177.907 en junio de 2026, un aumento real del 190% que demanda trabajar 14 horas más por mes para cubrir la misma cobertura.
Como consecuencia, la mora familiar en el cumplimiento de créditos escaló al 12,1% en abril, el nivel más alto desde el fin de la convertibilidad, dejando a cerca de 7 millones de personas excluidas del sistema de financiamiento.