Un proyecto de la concejala Samanta Arias (La Libertad Avanza) propone modificar la ordenanza N° 9.145, sancionada en 2013, para viabilizar la construcción de estacionamientos subterráneos en Rosario.
Hace casi 13 años, el Concejo Municipal sancionó la ordenanza N° 9.145 para la construcción de cocheras subterráneas en seis espacios públicos del centro de Rosario: bulevar Oroño y avenida de la Costa, el entorno del Centro Municipal de Distrito Centro, la plaza del Foro, avenida Pellegrini y Corrientes, la plaza Libertad y el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (Cemar). Sin embargo, los proyectos nunca prosperaron.
El tema volvió a la agenda del legislativo local a partir de un proyecto de la concejala Samanta Arias (La Libertad Avanza), que introduce modificaciones a la ordenanza original. “Se hizo una norma que decía que se podía construir este tipo de estacionamientos, pero que en la práctica tenía deficiencias que hacían que no se pudiera avanzar”, explicó Arias. La propuesta ingresó este miércoles al Concejo y comenzó a abordarse en la comisión de Planeamiento.
Para Arias, la construcción de nuevos espacios de estacionamiento busca resolver la falta de lugares donde estacionar en el área central por el aumento del uso del automóvil. “El parque automotor de Rosario aumentó un 10 % en cinco años, al pasar de 583.586 vehículos en 2019 a 641.615 en 2024, según datos del propio municipio”, señaló y consideró que “se necesita más estacionamiento desde hace una década y la norma para construirlo ya existe. Lo que faltaba era un marco para que efectivamente pudiera ejecutarse, que atrajera inversión, y eso es lo que venimos a corregir. Es una propuesta que va a generar sostenibilidad en cuanto al tránsito, inversión y empleo”.
Cocheras subterráneas: un tema con historia
Desde su sanción, en diciembre de 2013, la ordenanza N° 9.145 habilitó la construcción de cocheras subterráneas en seis predios estratégicos. No obstante, los proyectos para la construcción de estacionamientos soterrados son anteriores a la norma. En 2012, una iniciativa para construir un megaparking en plaza San Martín fue frenada por una medida cautelar del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 18 de Rosario, en el marco de una acción judicial promovida bajo la ley provincial N° 10.000 de intereses difusos. “El argumento central fue la falta de un estudio de impacto ambiental previo a la elevación del proyecto al Concejo Municipal”, recordó la concejala.
Entre 2015 y 2016, ya con los pliegos aprobados para las cocheras de la plaza del Foro y el Distrito Centro, se sucedieron nuevos recursos de amparo orientados a preservar las trazas ferroviarias preexistentes y, en paralelo, las licitaciones convocadas para la construcción y explotación de las playas subterráneas fueron declaradas desiertas en dos oportunidades consecutivas, al no recibir ofertas de empresas constructoras. “El problema es que cada vez que se intentó avanzar, faltó un estudio ambiental hecho a tiempo, falló la instancia de participación ciudadana o las condiciones económicas de la concesión directamente no le cerraban a ningún privado”, consideró Arias.
La nueva propuesta de ordenanza
La nueva propuesta introduce modificaciones a la norma original en cuatro temas: necesidad de una evaluación de impacto ambiental, ampliación de las localizaciones e incorporación de estacionamientos en altura, mejores condiciones económicas para la inversión privada y protección ambiental y patrimonial.
En primer lugar, se propone que los nuevos pliegos de licitación cuenten con una evaluación de impacto ambiental (EIA) y un informe de impacto en la movilidad y el tránsito (IIMT) aprobados, antes de elevarse al Concejo. También con informes de Aguas Santafesinas, Litoral Gas y la Empresa Provincial de la Energía sobre redes de infraestructura subterránea.
Además, se deroga el listado cerrado de predios de la norma original y se habilita la construcción no solo en espacios públicos, sino también en predios municipales y en el subsuelo de avenidas y otras vías públicas, que pueden ser identificados por el municipio o por desarrolladores privados. A la modalidad subterránea, se incorpora la construcción en altura (hasta seis niveles) y modalidades mixtas.
Asimismo, se busca establecer condiciones económicas que favorezcan la inversión privada. Se extiende el plazo de concesión hasta un máximo de 40 años y se establece un canon escalonado en tres etapas. Se habilita la figura del derecho real de superficie del Código Civil y Comercial y se eleva del 20 % al 40 % la superficie que puede destinarse a usos comerciales complementarios.
El proyecto incorpora un régimen de preservación del arbolado urbano –con prioridad de no afectación, relocalización cuando sea necesaria y compensación obligatoria de dos ejemplares nativos por cada uno afectado– así como la protección expresa de bienes patrimoniales, sitios de valor arqueológico, trazas ferroviarias y redes de infraestructura existentes. También incluye una bonificación del 20 % en la alícuota del Derecho de Registro e Inspección (Drei) durante los primeros 24 meses para los comercios y servicios que se instalen en los espacios complementarios de las nuevas estructuras de estacionamiento.