La Cámara de Diputados de la Nación reanuda en comisiones el tratamiento del proyecto de ley de lobby impulsado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa busca crear un registro público de gestiones de intereses, pero organizaciones como Fundar, Poder Ciudadano, Fopea y Amnistía Internacional advierten sobre posibles riesgos para la libertad de expresión y la participación ciudadana.
La Cámara de Diputados de la Nación retoma en comisiones el tratamiento del «Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses», conocido como ley de Lobby. La iniciativa del Poder Ejecutivo establece la creación de un Registro Público de Gestiones e Intereses donde deberán inscribirse los lobistas, y exige declaraciones juradas sobre intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones.
El proyecto prevé que los registros públicos de gestión de intereses contengan fecha, hora y modalidad del contacto, dependencia donde se realizó la gestión, el beneficiario o cliente, y una síntesis de los asuntos abordados. Los gestores de intereses que incurran en infracciones serán sancionados con multas desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva. La representación clandestina de intereses extranjeros será reprimida con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.
Desde el Poder Ejecutivo, el director de Reforma Política del Ministerio del Interior, Diego Marias, afirmó que desde 2003 se presentaron 29 proyectos para regular el lobby, y sostuvo que la iniciativa «intenta regularizar algo que en Argentina siempre se hizo, se hace y se va a hacer, como en cualquier país». Marias señaló que el proyecto «es perfectible» y que se prevén sanciones para los lobistas, mientras que en la Ley de Ética Pública ya están previstas las sanciones a los funcionarios.
Organizaciones como Fundar, Poder Ciudadano, Fopea y Amnistía Internacional, en un documento conjunto, advirtieron que la ley podría aumentar la supervisión estatal sobre entidades críticas del Gobierno y afectar la libertad de expresión. Señalaron que la obligación de inscripción previa y reportes periódicos puede generar barreras burocráticas, especialmente para organizaciones pequeñas. También cuestionaron que el proyecto equipara la participación social con el lobby comercial y que la falta de independencia de la autoridad de aplicación podría implicar riesgos de implementación selectiva.
Las entidades expresaron que la iniciativa podría afectar el trabajo de organizaciones de derechos humanos, comunitarias, internacionales, movimientos sociales, universidades, centros de estudiantes, sindicatos, periodistas e iglesias. Asimismo, indicaron que el proyecto asocia a las organizaciones que reciben financiamiento de la cooperación internacional con la representación de intereses extranjeros, lo que podría generar un riesgo reputacional y político contra organizaciones críticas del Gobierno.
Para la sesión de este miércoles se prevé la participación de ONG involucradas en la temática para que expresen sus reparos y puntos de vista.