El plenario de comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia realizó la segunda jornada informativa sobre el régimen de incentivo a grandes inversiones. Representantes de hidrocarburos, minería y energía expusieron a favor, mientras que diputados de Unión por la Patria cuestionaron la agenda y la falta de información sobre costo fiscal y empleo local.
La Cámara de Diputados de la Nación continuó este miércoles el debate del proyecto de ley conocido como Súper RIGI, en el marco del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. La reunión se desarrolló en el edificio Anexo “C” y contó con exposiciones de representantes de cámaras empresarias vinculadas a la energía, minería e hidrocarburos.
Al inicio, el presidente de la comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza), indicó que el objetivo era escuchar a sectores con experiencia en el RIGI aprobado en 2023. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez (Santa Fe), pidió conocer el cronograma de próximas reuniones y la posibilidad de proponer oradores sobre temas de interés.
Carlos Ormachea, presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, destacó los beneficios del RIGI y mencionó a Vaca Muerta como caso testigo. Señaló que la industria pasó de un déficit de 6.000 millones de dólares en 2022 a un superávit de 7.600 millones en 2023, y proyectó un superávit comercial energético de 10.000 millones para este año. Roberto Cacciola, de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, y Esteban Gramblica, asesor legal de la Cámara Argentina de la Energía, también expusieron. Gramblica estimó exportaciones energéticas por 30.000 millones de dólares hacia 2030 e inversiones anuales de entre 11.000 y 15.000 millones hacia 2027.
Durante las preguntas, Itai Hagman (UxP) cuestionó la falta de análisis sobre el encadenamiento del régimen con el empleo y la ciencia. Julia Strada (UxP) criticó la selección de expositores, al considerar que solo representaban a sectores ya beneficiados, y preguntó sobre la contratación de trabajo argentino y empresas locales. Ormachea respondió citando el caso de Fortín de Piedra, donde participaron 1.047 empresas argentinas de 15 provincias.
Adriana Serquis (UxP) señaló que el proyecto menciona tecnologías como inteligencia artificial y biotecnología, pero no incluye obligaciones de transferencia tecnológica o compre nacional. Graciela De la Rosa (Formosa, UxP) reclamó la estimación del costo fiscal del régimen. Silvana Giudici (La Libertad Avanza) defendió el proyecto y sostuvo que el costo fiscal es cero porque las inversiones aún no existen.
Martínez también planteó la situación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), advirtiendo sobre resoluciones que afectan su funcionamiento. Benegas Lynch respondió que el tema no está vinculado al debate y defendió las auditorías. Daiana Fernández Molero (PRO) afirmó que la OPC no está intervenida. Carlos Castagneto (UxP) pidió la presencia del director de la oficina antes de avanzar con resoluciones.