El pedido de libertad de ningún modo “representa una reivindicación a Cristina” como dice la nota.
En innumerables declaraciones, los voceros del PTS dejaron en claro que no se le daba ningún apoyo político, ni tampoco hay acuerdo con el PJ. Los dirigentes peronistas, las centrales sindicales, CGT, CTA’s y la propia CFK están lejos de tener una política consecuente para enfrentar el fallo. En ningún momento apuntan a la lucha de clases que permita impedir la derechización aún mayor del régimen.
Para explicar su posición, el PSTU aclara en el siguiente párrafo el origen del fallo, según su análisis:
«En realidad, se trata de una disputa entre sectores patronales por el poder y el dinero. No hay un sector «progresivo» en esta cuestión. Es un paso más de la “grieta” que sirve para impedir que la clase trabajadora y el pueblo pobre rompa con toda variante patronal y avance en su lucha por una nueva dirección política, y por una salida opuesta a todos ellos.»
Aquí está el origen de su error político, otra vez bajo la lupa de la teoría de los campos burgueses en disputa. La política revolucionaria no consiste en detectar o buscar frente a una división o disputa interburguesa, cuál es la progresiva para darle apoyo. Es un ataque a las libertades democráticas que va más allá de las grietas interburguesas. Nuestra tarea es defender esos derechos y plantear una política de independencia de clase. En este caso, la justicia burguesa está aplicando un fallo totalmente irregular para encarcelar a una dirigenta popular.
Es un fallo a la medida de Amcham (la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina) y la embajada de EEUU. Es decir, que nos estamos enfrentando no solo a restricciones a los derechos democráticos, sino también a una política claramente imperialista que se viene aplicando en el continente en los últimos años. Sin ir más lejos, recordemos el caso emblemático del encarcelamiento en el 2018 de Lula, el actual presidente de Brasil. También fue un proceso judicial completamente manipulado, fue tan evidente que el juez Moro, a cargo de la causa, luego terminó asumiendo como ministro de justicia del gobierno de Bolsonaro, quien claramente se había beneficiado para poder ganar las elecciones con la proscripción del dirigente popular petista.
Sobre todo en el siglo XX, cuando los Estados Unidos querían imponer una política en Latinoamérica, organizaban junto con alguna facción burguesa nacional y las Fuerzas Armadas, un golpe militar. El imperialismo apoyó los golpes de estado en Argentina y en todo el cono sur para frenar las tendencias revolucionarias de los años 70 e imponer planes de ajuste y superexplotación. A tal punto las FFAA cumplían esta función que fueron llamadas de Partido Militar. En la actualidad, el imperialismo norteamericano cuenta con la alternativa de los golpes institucionales, las restricciones a las libertades democráticas, la imposición de regímenes autocráticos y otras medidas represivas que limitan los derechos democráticos. El poder judicial es una institución muy funcional a la aplicación de esta política imperialista, por esta razón ya se lo denomina el “Partido Judicial”.
Quieren darle una lección a un sector de las masas populares, demostrarles que son capaces de meter preso a cualquiera, con el método más antidemocrático que sea necesario. De este modo, apuntan a condicionar el proceso político y moldear el régimen en función de los intereses imperialistas. Por todas estas razones, defendemos la libertad a CFK, como parte de las libertades democráticas. Además, sin perder el tiempo, el gobierno ya está atacando con el decreto que limita las huelgas y con la ampliación de poderes a la policía para perseguir ciudadanos sin siquiera una orden judicial.
Realmente, llama la atención esta posición política de organizaciones morenistas, la corriente trotskista sobre todo latinoamericana que fue liderada por Nahuel Moreno, cuyo origen se remonta a la década de 1940. El morenismo fue conocido en los 80 por el MAS y su primer diputado trotskista Luis Zamora. Su antecesor fue el PST (Partido Socialista de los Trabajadores) que en la dictadura argentina apoyó la libertad de Isabel Perón como una forma de defensa de los derechos democráticos y contra la dictadura. Si bien en la actualidad no hay dictadura, el gobierno de Milei que cuenta con el apoyo de Trump, busca un régimen cada vez más represivo y autocrático para impedir las protestas y la lucha contra el plan de ajuste. Las medidas represivas de su ministra de seguridad Bullrich y el hecho de gobernar por decreto ya son muestras cabales de estos objetivos.
El PST morenista tenía bajo la dictadura un periódico llamado Opción. En el N°1 de 1978, en la página 2 bajo el título “Sin Libertades” puede leerse que “no se han liberado los miles de presos políticos entre ellos los más representativos de las corrientes de opinión de nuestro pueblo (Isabel Perón, Lorenzo Miguel, José Francisco Paez, Alfredo Bravo, Alberto Piccinini y otros) ni tampoco se ha dicho nada del paradero de los secuestrados.”
También en los primeros periódicos “Solidaridad Socialista” del partido MAS, pedían en forma destacada la libertad de Isabel. En el número 28 del año N°1 del 9 de junio de 1983, en la tapa, en un recuadro destacado dice: “Isabel Perón. Defendemos sus derechos pero no la votamos”. Y dentro del recuadro explica: “Nosotros la defendimos contra el injusto encarcelamiento que le impusieron los militares, y exigimos su libertad, en medio del silencio cómplice de todos los partidos y del propio peronismo. Ahora defendemos sus derechos a gozar de plenos derechos políticos y de ser candidata, si ella quiere y su partido la elige”. De nuevo, el morenismo en vida de su fundador, recuerda que así como había pedido la libertad de Isabel en la dictatura, también frente a la apertura democrática de los 80, defendía su derecho a ser candidata. Esta fue la política del morenismo, a pesar de que en el régimen bajo la presidencia de Isabel funcionó a pleno la Triple A, el estado de sitio, y las intervenciones a los sindicatos. Y en ningún momento, como bien dice el recuadro, la votarían o le darían apoyo político.
No hemos encontrado materiales del PSTU o de los otros grupos firmantes que renieguen de esta posición política, que podríamos decir hasta clásica de los revolucionarios, de pedir la libertad de un preso político que consideramos injustamente encarcelado, cuya cárcel está poniendo en peligro las libertades democráticas, y a la vez, no tener el más mínimo compromiso en apoyar a su política.
En particular, el PSTU es parte de la Liga Internacional de los Trabajadores (LIT-CI) a la que pertenece el partido brasileño con el mismo nombre. El mismo error cometieron cuando en el proceso denominado Lava Jato, se metió preso a Lula en una completa estafa judicial. El PSTU es conocido hasta hoy mismo en Brasil por haber apoyado el golpe institucional en 2016 que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff del PT, a partir del cual, su sucesor Michel Temer realizó la reforma laboral que significó la pérdida de derechos para los trabajadores. El golpe además dio vía libre a la prisión arbitraria del dirigente principal del Partido dos Trabalhadores, quien seguramente le habría ganado las elecciones presidenciales al ultraderechista Bolsonaro. Como bien se demostró posteriormente, hubo una articulación directa del imperialismo norteamericano con el poder judicial en Brasil. Esta política luego se extendió al conjunto de Latinoamérica, con el llamado Lawfare y el Bonapartismo Judicial, las nuevas formas o procedimientos judiciales con fines de persecución política o inhabilitación de un adversario.
A pesar de todas estas consideraciones, es hasta el día de hoy que el PSTU LIT-CI no sacó ninguna lección de sus errores, y como era de esperarse, vuelve a repetirlos.