Tal como PERFIL lo señaló durante 2024 –después de hacer un seguimiento de las designaciones publicadas en el Boletín Oficial–, durante ese año el 70% de los nuevos funcionarios fueron nombrados por un plazo de 180 días y estuvieron exceptuados de cumplir con los requisitos mínimos de contratación establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo, entre ellos estudios o experiencia acordes con el cargo a ocupar. Un informe reciente, basado en testimonios de empleados estatales, corrobora en términos cualitativos lo que ya decían las estadísticas: existe una gran rotación de funcionarios “que no terminan de definir prioridades de gestión” y que por ende vuelven al Estado más ineficiente.
La investigación, que realizaron en conjunto el Instituto Argentina Grande, la Fundación Germán Abdala (ATE Capital) y Fundación Unión (UPCN), concluyó que, a 500 días de gestión, “los testimonios muestran un proceso de reducción caótica y no planificada del personal, con una renuncia por goteo de los trabajadores más capacitados”. También se pudo constatar, aseguran, “una parálisis de la carrera administrativa y de instancias de capacitación” y una “reducción desigual” ya que ciertas áreas clave como Economía, Seguridad y Defensa resultaron menos afectadas.
En efecto, de acuerdo con el último informe de dotación de personal de la administración pública, la cantidad de trabajadores pasó de 341.473 en diciembre de 2023 a 292.801 en abril de 2025, lo que implica una baja del 14,2%. En cambio, los Ministerios de Economía y de Seguridad ampliaron su personal: el primero pasó de los 8.623 empleados a los 8.795 (un incremento del 2% en su planta) y el segundo de los 1.180 a los 1.230 (un crecimiento del 4,2%). El Ministerio de Defensa tuvo una reducción, pero por debajo del promedio general: de los 1.155 trabajadores pasó a los 1.012, lo que implica una caída del 12,3%.
“No cabe duda de que la reducción de las dotaciones de personal caracteriza a la actual gestión en sus primeros 500 días de gobierno con el objetivo de reducir el gasto público. Para ello se ha apelado a todas las modalidades posibles: pases a disponibilidad del personal permanente, cancelaciones o no renovaciones de contrataciones, incitaciones a la renuncia y jubilaciones”, menciona uno de los documentos que hacen parte de la investigación. “No puede dejar de mencionarse también que el retraso salarial empuja a unos y otros a buscar otros trabajos, así como a mantenerse en la administración hasta tanto lograr un nuevo empleo” lo que produce “una baja por goteo”, continúa. Entre esas renuncias por “goteo”, explican también, “se va gente muy capacitada (en la que el Estado invirtió mucho en capacitar)”.
Las consecuencias de estas modificaciones aleatorias, advierten, incluyen una “desarticulación institucional” y “cambios contradictorios en la estructura organizacional”. También resaltaron que, según se desprende de los testimonios, hay ciertas palabras y agendas prohibidas: no se puede hablar de género, niñez, juventudes, cambio climático o Agenda 2030 en los documentos oficiales.
“Se consolida un Estado de baja intensidad, con políticas ‘de mínima’, orientado al retiro de funciones y presencia territorial, que nos ‘sale caro’ en función de lo que provee”, destacaron. Y señalaron que “hay sectores del Estado que, en el 2024, tramitaron menos expedientes que en 2023”. Por eso, reafirman, “el Estado está paralizado como nunca”.
Entre los testimonios que incorpora el estudio, sobresalen algunos como el de una trabajadora que asegura que siempre trabajó en la provisión de información para la toma de decisiones de los funcionarios de alto nivel y que actualmente el área “sólo se ocupa del armado (político) de La Libertad Avanza”. Por otro lado, aseveraron que, por los bajos salarios o los sectores desde donde provienen los funcionarios, algunos directores nacionales tienen otros empleos. “Conozco un subsecretario que va ocho horas semanales y un director nacional que viene un día por semana porque vive en un country. Está muy legitimado tener otro trabajo aparte. Muchos directores nacionales lo tienen”.
Uno de los informes hace un cuadro comparativo entre la reducción de personal que ocurrió durante la gestión de Mauricio Macri y la actual. Allí se concluye que, por ejemplo, mientras en el período comprendido entre 2015 y 2019 hubo “una reforma orientada a la eficiencia, productividad y racionalización”, la política actual está encaminada al “desmantelamiento” basado en “una desconfianza estructural hacia el Estado como actor legítimo”.
Asimismo, en tanto algunos empleados observaban durante el período señalado más arriba la existencia de ciertas “metas, planes, indicadores e informes de gestión”, lo que se evidencia en la actualidad es desorganización, “pedidos de informes sin propósito” y “ausencia de planificación sostenida”.
Entre las conclusiones generales los investigadores sintetizaron que no existe ningún tipo de capacitación e incorporación de tecnología y tampoco mejoras en los procesos de atención al público.
Si bien, finalizaron, “es pertinente señalar que muchos aspectos negativos abordados por los testimonios recogidos no comenzaron el 10 de diciembre de 2023” ya que “los propios trabajadores entrevistados manifestaron que el origen de distintos problemas en el diseño organizacional, la capacitación, el salario, la precariedad de las contrataciones en el Estado, el uso de tecnologías en la administración pública, entre otros, pueden rastrearse a través de un largo proceso”, los problemas actuales no tienen antecedentes “en ningún otro momento de la historia reciente”.