El diputado provincial de Unidos por el radicalismo, Martín Rosúa, informó que la Cámara de Diputados aprobó 12 de las 13 herramientas de seguridad propuestas por el Gobierno provincial. Entre las medidas se incluyen juicio en ausencia, restricciones para presos de alto perfil y allanamientos urgentes.
El diputado provincial de Unidos por el radicalismo, Martín Rosúa, destacó que la Cámara de Diputados acompañó la reforma de la ley de seguridad, otorgando al Gobierno 10 de las 11 herramientas solicitadas para continuar combatiendo al crimen organizado. Con las dos leyes aprobadas en la semana previa, suman 12 de 13 herramientas.
Rosúa afirmó: “Como dice el gobernador Maximiliano Pullaro, tenemos que ser conscientes que las bandas delictivas no desaparecieron ni descansan en su organización. Por eso tenemos que generar todo el tiempo las modificaciones y actualizaciones a la legislación para permitir que el Estado tenga las herramientas necesarias para que la pelea sea más equitativa”.
El legislador sostuvo que “es un paso muy importante para consolidar la política de seguridad del gobierno de Pullaro, que logró recuperar gran parte de la tranquilidad que habíamos perdido los santafesinos y especialmente los rosarinos”.
Entre las herramientas aprobadas, Rosúa mencionó la ley de inteligencia para anticiparse a hechos delictivos, la incorporación del juicio en ausencia para evitar la impunidad de prófugos, y mayores restricciones para presos de alto perfil. En ese sentido, explicó que se busca “cortar con el preso de alto perfil que manda a matar desde la cárcel”.
Se incorporó un artículo específico (57 Bis) que establece que cuando un interno, por medio de sus visitantes, comunicaciones reglamentarias, correspondencia física o electrónica, comunicaciones no autorizadas o cualquier otro medio, realice actos que representen una amenaza grave a la seguridad pública, será pasible de medidas como aislamiento pleno en celda individual con derecho a dos horas de patio individual por día; suspensión total de visitas y comunicaciones, con derecho únicamente a correspondencia epistolar abierta y visada por personal penitenciario; retiro de artículos de ocio y entretenimiento, con derecho solo a material de lectura autorizado.
Rosúa también destacó la posibilidad de que el fiscal tome declaración informativa a personas vinculadas a un hecho delictivo sin elementos suficientes para formalizar imputación, y que incluso si la persona renuncia a declarar sin asistencia letrada, la declaración podrá usarse solo para orientar la investigación.
Valoró el uso de información y tecnología para anticipar delitos con controles judiciales sobre medidas que afecten la privacidad, y la posibilidad de allanamientos urgentes sin orden judicial previa en situaciones excepcionales, como sospechas fundadas de acopio de armas, con control judicial posterior.
Sobre el juicio en ausencia o rebeldía, indicó que evita que una fuga paralice indefinidamente una causa, con intervención de un defensor, requisitos de notificación y posibilidad de revisión. “Son herramientas para resolver problemas concretos, no una discusión abstracta sobre mano dura o garantismo”, concluyó.
