El municipio constató que la empresa retomó actividades pese a la medida dispuesta el 21 de julio. El secretario Sebastián Mastropaolo señaló que el establecimiento no cuenta con habilitación municipal y advirtió por la ocupación de reservorios y valles de inundación.
La Municipalidad de Santa Fe reiteró este jueves la clausura del predio de Contenedores Méjico, en la zona de Alto Verde, luego de comprobar que la empresa había retomado sus actividades pese a la medida dispuesta el 21 de julio. El procedimiento contó con la presencia del secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo.
La primera clausura fue dispuesta el 21 de julio, con notificación a la empresa y a los organismos provinciales. Durante un allanamiento ordenado por la Justicia, inspectores municipales constataron que la faja de clausura había sido vulnerada y que la actividad continuaba.
«Insistimos con esta instancia. Estamos reiterando la clausura en un lugar que ya estaba clausurado y que ha violado nuevamente la clausura», sostuvo Mastropaolo durante el operativo.
El funcionario confirmó que el establecimiento no cuenta con habilitación municipal para las tareas que desarrolla y advirtió que la preocupación no se limita al posible enterramiento de residuos, sino también a las intervenciones sobre terrenos que forman parte de los valles de inundación y reservorios de la costa.
En el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, se tomaron muestras de los residuos encontrados en el predio. Los estudios buscan determinar si entre los materiales había desechos peligrosos o patológicos. Mastropaolo aclaró que todavía no hay resultados concluyentes y que los informes serán remitidos a la fiscal que interviene en la causa.
«Tengo que hablar de la potencialidad porque está en materia investigativa y hoy hay una instancia penal que está interviniendo», explicó. También señaló que, si los análisis confirman irregularidades, esa información podría derivar en nuevas consecuencias dentro del expediente judicial.
El funcionario remarcó que la tarea del municipio, en esta instancia, es controlar que no se retomen las actividades mientras continúe vigente la medida. «Una vez que violan la faja de clausura y vuelven a realizar la tarea, obviamente vamos a volver y vamos a volver a clausurar», afirmó.
Otro de los puntos que puso en foco Mastropaolo es el crecimiento del predio y las posibles modificaciones del terreno en sectores que cumplen una función clave durante las crecidas y las lluvias. Según explicó, el municipio aportó una reconstrucción cronológica de la evolución del establecimiento. El funcionario sostuvo que, al comparar imágenes satelitales de distintos años, se observa una expansión importante de la superficie intervenida.
«Hay lugares que son valles de inundación, que es donde el agua busca justamente. Una vez que eso está ocupado, obviamente deriva a otro lugar, que es lo que no queremos», advirtió.
La situación adquiere especial relevancia ante el escenario climático asociado al fenómeno de El Niño. Mastropaolo señaló que la Municipalidad busca evitar nuevas ocupaciones o modificaciones del suelo en áreas que funcionan como reservorios naturales de agua. En ese sentido, sostuvo que el municipio no permitirá que una actividad privada avance sobre terrenos que podrían afectar al resto de la comunidad. También indicó que las evaluaciones sobre las posibles alteraciones están a cargo del Ministerio de Ambiente de la Provincia.
Mastropaolo fue categórico al referirse a la situación administrativa del establecimiento. Aseguró que no está habilitado para las tareas que realiza, incluido el enterramiento de residuos o la modificación de los valles de inundación. También mencionó la presencia de materiales vinculados con la comercialización de escombros y otros rubros que, según explicó, deberían contar con las habilitaciones correspondientes. «Lo que no puede pasar es que de motu propio una empresa decida realizar una tarea y, sobre todo, rellenar zonas que están prohibidas de relleno», expresó.
El funcionario afirmó que los titulares de la firma fueron convocados para presentarse ante el municipio y brindar explicaciones sobre las actividades que desarrollan. Sin embargo, aclaró que el caso ya excede una cuestión administrativa, debido a la denuncia penal y a la intervención de la fiscalía.
Mientras avanzan los análisis ambientales y la investigación judicial, la Municipalidad anticipó que continuará con los controles en la zona y reiterará las medidas de clausura si se comprueba un nuevo incumplimiento.