La Justicia Federal imputó a una obstetra de 88 años por la apropiación de bebés y entrega a cambio de dinero entre 1968 y 1980. Una de las víctimas, Silvina, aportó su testimonio tras la audiencia imputativa realizada este miércoles 16 en los Tribunales Federales de Rosario.
La Justicia Federal imputó a una obstetra de 88 años, identificada como Dolly, por los delitos de supresión de identidad y falsificación ideológica de documentos. La audiencia imputativa se realizó este miércoles 16 en los Tribunales Federales de Rosario. La fiscalía investiga la entrega de bebés a cambio de dinero entre 1968 y 1980, con alteración de certificados de nacimiento en sanatorios y en el Hospital Roque Sáenz Peña.
Silvina, hija adoptiva de la imputada, aportó su testimonio. Relató que vivió hasta los 15 años como hija biológica de Dolly, hasta que descubrió que era adoptada y años después se enteró de que había sido apropiada. «Siento que hay una luz en el camino de la Justicia. Volví a creer que se puede, porque para mí es una carga extra, por haber sido criada por esta mujer. Es una mochila muy grande y significa revolver mi historia todo el tiempo», declaró Silvina.
Según su relato, la confesión de su madre adoptiva ocurrió cuando regresó enojada de la escuela porque sus padres no la dejaban ir a un festejo de cumpleaños. Dolly le confesó que no había estado en su vientre y le pidió guardar el secreto, incluso con sus hermanos menores, hijos biológicos de la mujer. «Esa es la falta de identidad. Sentí que no sabía quién era en ese momento», recordó.
Silvina indicó que la familia vivía frente al ex Batallón 121 y que su madre, médica obstetra, asistía partos de detenidas a pedido de militares, algunos dentro del predio y otros en su propia casa. De adolescente, recorrió organismos de Derechos Humanos para conocer su identidad. Viajó a Buenos Aires a visitar a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, pero las pruebas dieron negativo. «Me queda pendiente hacerme el ADN ancestral, pero decidí que es la familia que me tocó y que nadie me buscó», contó.
Silvina describió la relación con su madre adoptiva como conflictiva. «Nunca me sentí acompañada en la búsqueda de mi identidad. Era una época en la que nadie hablaba. Mi adolescencia fue solitaria, solía pasar mucho tiempo en la casa de amigas. Ella siempre se dedicó a hacerme la vida en cuadritos, poniéndome trabas, acusándome de todo, a mí y a mis hermanos. Nos faltó amor de su parte, que sí nos dio mi padre», recordó.
El padre adoptivo murió en 2006. Según Silvina, la mujer puso un testaferro para no dividir la herencia y un año después la denunció. «Dijo que yo la quería matar. Yo tenía a mi hijo de 2 años y vivíamos en su casa. Un día volvíamos del teatro y no nos dejó entrar. A partir de ese momento, nos fuimos», contó.
Silvina tenía 38 años cuando se enteró de que no había sido adoptada, sino apropiada por la mujer que la crió. Tras la denuncia, visitó a un abogado, quien descubrió que en la partida de nacimiento ella figuraba como hija biológica de la pareja, cuando no lo era. «El juez la quiso detener por privación ilegítima de la identidad, pero me opuse. Mi intención era que me dejara tranquila y me diera lo que me correspondía de mi papá», señaló.
Silvina aseguró que la mujer nunca quiso hablar con ella del tema: «Una sola vez, hace unos años, me contó que le había dicho al marido que había una nena que no tenía familia, que estaba sola en la vida y enferma, a lo que él le respondió: «Traela que la vamos a curar». Es todo lo que me dijo».
En 2022, dos mujeres la contactaron. Habían sido apropiadas bajo una partida de nacimiento falsa firmada por Dolly. Armaron un grupo al que luego se sumaron nuevas víctimas de privación de la identidad. «Me encontraron a mí. Siempre les atendí y les presté mi testimonio. Les conté que para Dolly eran un número y un signo pesos. Ella no tenía una libretita donde anotaba quiénes eran los padres biológicos de cada uno porque era un trabajo ilegal, un delito que no iba a estar registrado en ningún lado», contó.
En 2024 una de las víctimas se animó a denunciar. La causa permaneció frenada durante un año y en 2025 se reactivó la investigación. «Ella firmaba las partidas de nacimiento y se las entregaba a la familia que compraba esa criatura como si fuese hijo o hija biológica. Eso es lo que ella tiene que explicar. También está involucrada una familiar suya», señaló Silvina.
Según dijo, casi todas las víctimas tienen cerca de 50 años. Viven en diferentes ciudades y países: Rosario, Bigand, Arroyo Seco, Bariloche, Pinamar y hasta en Estados Unidos. Muchas nacieron en el Hospital Roque Sáenz Peña, pero otras en clínicas privadas. Todos los partos fueron asistidos por Dolly. En la actualidad hay 8 denuncias formales, pero estiman que hay cerca de 30 casos en situaciones similares. «Queremos difundir para que se siga sumando gente. Creemos que van a aparecer muchas más personas que la denuncien», aseguró.
En febrero, la Justicia allanó la casa de Dolly y encontró un certificado de nacido vivo en blanco rotulado con el logo del hospital Roque Sáenz Peña. Este miércoles 16 tuvo lugar una audiencia imputativa en los Tribunales Federales, en la que se la acusó del delito de supresión de identidad más falsificación ideológica, que tiene una pena mínima de 3 años por un solo hecho, aunque desde Fiscalía señalan que podría haber más.
La hipótesis de la Fiscalía es que la mujer, desde el año 68 al año 80, «ante diferentes circunstancias de algunas mujeres embarazadas, ofrecía esos bebés, pero por un monto de dinero, y los entregó a otras personas». Además, a pedido de la Fiscalía se autorizó la extracción compulsiva de ADN de la imputada.
La fiscal federal Soledad García, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, sostuvo que la conducta investigada «excede una mera irregularidad administrativa» y que la utilización de un documento público para establecer una filiación falsa «produjo consecuencias jurídicas permanentes que hasta el día de hoy se mantienen inalteradas». «Es un caso gravísimo el que se investiga en esta unidad fiscal que afectó derechos a la identidad y dignidad de esas personas», evaluó la fiscal.