El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, detalló en el Foro de Energía de AmCham los motivos del incremento tarifario a pesar de la continuidad de los subsidios, y admitió que el gasto en subsidios superará la meta prevista para 2026.
El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, explicó en el Foro de Energía de AmCham por qué las facturas de luz y gas aumentan mientras el Estado mantiene los subsidios. El funcionario señaló que durante el invierno el costo de abastecimiento de energía fue superior al previsto, lo que obligó a sostener una asistencia estatal mayor sobre las boletas.
“Claramente el invierno tuvo un costo de energía más alto del que habíamos previsto, fundamentalmente por el aumento del costo del GNL y de una menor hidraulicidad en el principio del invierno”, afirmó González. Este encarecimiento, según el funcionario, llevó a que el gobierno nacional mantuviera la recomposición tarifaria y ralentizara la quita de subsidios.
Según el informe de Economía & Energía, durante el primer semestre de 2026 el Estado destinó unos US$2.147 millones en subsidios a la energía, un 80% más que en el mismo período de 2025. Este es el primer rebote significativo después de dos años de caída, aunque todavía por debajo de los US$3.035 millones del primer semestre de 2024.
González sostuvo que desde el inicio de la gestión los subsidios energéticos bajaron “prácticamente un punto del producto”, desde un nivel que ubicó en torno de 1,5% del PIB o más. Para este año, admitió que el objetivo puede ser mayor: “Más o menos vamos a estar quizás alguito arriba de eso; puede ser un 0,5%, pero realmente ya estamos discutiendo decimales”.
El funcionario explicó que el GNL importado se encareció a causa de la guerra en Medio Oriente y que la menor disponibilidad hidroeléctrica obligó a utilizar una generación más cara. Según los cálculos, el costo promedio de la energía subió en el semestre hasta un 20% más que un año atrás. Para el segmento residencial, el costo promedió US$89 por MWh, pero el usuario pagó US$51, con una diferencia de US$38 cubierta por el Estado.
En el mismo Foro, representantes del sector privado expresaron su postura. Fernando Bonet, gerente general de Central Puerto, señaló que es fundamental que “el consumidor empiece a reconocer el costo de la energía real y no un subsidio gigantesco”. Marcela Romero, CEO de Schneider Electric, destacó que, dado que el costo de la energía ahora es un factor fundamental en el balance de cualquier compañía, se vuelve fundamental invertir en tecnología para gestionar la demanda.
González proyectó que Argentina, que hoy tiene costos de entre 75 y 85 dólares por megawatt, debería “bajar a los 60 y a los 50; pues los recursos los tenemos”. Para lograrlo, definió la necesidad de obras estratégicas como el tendido de líneas AMBA I, que serían pagadas por la demanda y no por el Tesoro nacional. Admitió que las obras necesarias pueden encarecer transitoriamente el servicio: “Si querés tener un mejor servicio, el costo va a aumentar”.
El Gobierno distingue entre el valor regulado que reciben transportistas y distribuidoras y el precio de la energía que se traslada al usuario. González sostuvo que las empresas bajo regulación nacional “tienen sus tarifas reacomodadas” y que eso permitirá en un corto plazo exigir mejoras en la calidad del servicio. La definición oficial es que ese costo no volverá a financiarse con recursos nacionales: “Si querés tener un mejor servicio, mayor disponibilidad, el costo va a aumentar y eso lo paga la demanda claramente, no lo va a pagar el Estado nacional”.
El subsidio se concentra sobre el componente energético. En agosto, el régimen vigente mantuvo por cuarto mes consecutivo la bonificación extraordinaria para gas al 25%, el máximo permitido, y replicó el 16,59% para electricidad sobre el bloque base de 300Kw. Con la bonificación general, la cobertura alcanza al 75% del componente energético del gas durante el invierno y al 66,59% en electricidad para el consumo base. González resumió que hoy “más de la mitad de los consumidores residenciales tienen subsidio”.
El funcionario dejó planteada la incógnita del ajuste para la próxima etapa: “¿Qué tiene más sentido, bajar la cantidad de gente subsidiada o bajar el subsidio que le das a aquellos que están subsidiados? Posiblemente sea una combinación de las dos cosas”, anticipó.
En principio, desde la Secretaría de Energía esperan que la presión fiscal afloje con el cambio de estación. “En la medida que el costo de energía, que claramente ahora ha acabado el invierno, empieza a bajar, la reducción de subsidios puede acelerarse un poquito”, sostuvo González.
El otro frente de recorte es el Régimen de Zona Fría, cuya modificación está en discusión en el Congreso. El Gobierno cuestiona que el beneficio se haya extendido a localidades que, según González, “no son frías” y también que subsidie componentes de la factura más allá del costo de la energía. El secretario calificó la actual normativa como una “aberración” y una “ridiculez absoluta”.
González ejemplificó: “No tiene ningún sentido que un jubilado en La Matanza esté subsidiando al dueño de un departamento para alquilar en Mar del Plata”. El cargo que financia Zona Fría representa, según indicó, alrededor de 7,5% del costo del gas y es abonado por usuarios que no reciben ese beneficio. En Santa Fe, cerca de 550.000 hogares del sur provincial perderían el descuento específico si prospera la poda del régimen.