El Poder Ejecutivo Nacional presentó este 22 de abril ante el Senado un proyecto de ley que propone la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de campañas y un aumento del umbral de avales para partidos políticos.
El 22 de abril ingresó al Senado Nacional el Proyecto de Ley de Reforma Electoral Integral (Mensaje 110/26), enviado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Se trata del tercer intento del gobierno nacional por modificar el régimen electoral. El primero fue en el marco de la Ley de Bases, que ingresó al Congreso en diciembre de 2023 y se aprobó con cambios en 2024. El segundo ocurrió ese mismo año, cuando el PEN impulsó la eliminación de las PASO y logró su suspensión transitoria para 2025; en octubre de ese año se eligieron senadores y diputados nacionales sin esa instancia.
La iniciativa lleva la firma del presidente Javier Milei, del entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni y del actual jefe de Gabinete Diego Santilli. En la justificación se afirma que “busca fortalecer la democracia, aumentar la representatividad, transparentar el régimen de financiamiento de los partidos políticos y establecer un marco suficiente que asegure de forma efectiva el ejercicio de derechos electorales por parte de los argentinos”.
El proyecto se basa en seis ejes: reforma del Régimen de Partidos Políticos; reforma de la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral (ley N° 26.571); modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos; reforma del régimen de elección de Parlamentarios del Mercosur; adecuación del régimen de simultaneidad de elecciones nacionales y provinciales; e incorporación del Régimen de Ficha Limpia.
Uno de los puntos centrales es la reforma a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos N° 23.298, con el objetivo de “garantizar un sistema de genuina representación democrática”. Actualmente, en el país tienen reconocimiento jurídico 45 partidos en el orden nacional, y 714 partidos de distrito al 31 de marzo de este año. El proyecto propone aumentar el piso de votos al 3 %, duplicar los avales requeridos y exigir presencia en un mínimo de 10 distritos para ser reconocido como partido nacional (hoy se requiere un mínimo de 5 distritos y 2 % de los votos en dos elecciones sucesivas).
En materia de elecciones, se propone derogar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), vigentes desde 2011. Según el proyecto, cada partido o alianza definirá la selección de candidaturas según su carta orgánica. También se introducen cambios a la Boleta Única de Papel (BUP), sancionada el 1 de octubre de 2024 y utilizada en las legislativas de 2025; se propone modificar su formato e incluir casillero en blanco y opciones de voto por lista completa.
En cuanto al financiamiento, el proyecto habilita y legaliza los aportes de empresas y personas jurídicas, y elimina algunos aportes estatales. Hasta ahora, el sistema es mixto con fuerte base estatal, prohibición de aportes de personas jurídicas y topes bajos de financiamiento privado.
La figura de Ficha Limpia incorpora la inhabilitación para candidatos con condena en segunda instancia por delitos dolosos. También quedan excluidos de cargos partidarios el personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en actividad o en retiro llamado a prestar servicios, magistrados y funcionarios del Poder Judicial, directivos de empresas concesionarias de servicios públicos, y personas con auto de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. La restricción alcanza a condenados por delitos dolosos cuya condena haya sido confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral.
El proyecto también modifica el debate presidencial. Suprime las penalidades y la obligatoriedad de asistencia, y elimina el mandato legal que obligaba a la Cámara Nacional Electoral a organizar estos encuentros, devolviendo su realización a un carácter optativo y de negociación privada entre los equipos de campaña.
El debate comenzará en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Desde distintos sectores se ha recomendado habilitar un debate amplio que incluya a referentes partidarios, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en temas electorales. El gobierno nacional ha incrementado el diálogo con mandatarios provinciales para lograr la aprobación del proyecto.