El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) cuestionó el proyecto de reforma penal presentado por el gobierno de Santa Fe el 14 de mayo en la Legislatura, al considerar que no aborda las causas estructurales de la violencia en la provincia.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) emitió un comunicado en el que criticó la iniciativa de reforma penal ingresada por el gobierno de Santa Fe en la Legislatura el pasado 14 de mayo. La organización, cuyo titular es Alberto Binder, fue decisiva en la implementación del sistema penal acusatorio en la provincia hace doce años y en 2009 firmó el Acuerdo por una Seguridad Democrática.
Según el comunicado, las primeras críticas al proyecto se orientaron a su presunta inconstitucionalidad, pero el Inecip señaló que el problema central es que la iniciativa profundizaría la ineficacia provincial para reducir la impunidad de los mercados ilegales. La organización afirmó que Santa Fe sigue siendo la provincia con la mayor tasa de homicidios del país y que el 60 % de esos homicidios ocurren en contextos de economías ilegales.
El Inecip sostuvo que el gobierno provincial no está abordando la raíz de la violencia, que atribuyó a las ganancias generadas por los mercados ilegales y al lavado de dinero. La organización indicó que la eficacia no se logra sancionando leyes que no se aplican ni creando instituciones sin efectividad práctica.
La entidad enumeró cinco puntos que consideró necesarios para enfrentar el problema: profesionalizar la Policía de Investigaciones, crear un sistema provincial antilavado, crear un sistema provincial anticorrupción, mejorar los dispositivos de protección de víctimas y sancionar una reforma a la regulación de la remoción de fiscales.
Además, el Inecip advirtió que al menos la mitad de los artículos del proyecto no superarían un control de constitucionalidad. Entre los aspectos cuestionados mencionó la extensión de allanamientos sin orden judicial, la validación de prueba ilegal, las condenas exprés sin juicio, la facultad de las fiscalías para tomar medidas sin control judicial y la habilitación de zonas de intervención policial.
La organización concluyó preguntándose si el gobierno de Santa Fe se animará a actuar contra las mafias y cuáles serían los motivos para no hacerlo.