Este lunes ingresó en la Legislatura santafesina un proyecto de ley para crear un régimen de regularización tributaria y emergencia tarifaria productiva destinado a pequeñas y medianas empresas.
Este lunes ingresó en la Legislatura santafesina un proyecto de ley para crear un “Régimen de regularización tributaria y emergencia tarifaria productiva”. La iniciativa, impulsada por el diputado Miguel Rabbia, contempla planes especiales de pago y bonificaciones en servicios públicos para pequeñas y medianas empresas.
El proyecto establece una moratoria para deudas de Ingresos Brutos y Sellos de hasta 48 cuotas, con una reducción del 70% de intereses y condonación total de multas no firmes. También incluye un régimen de pago para el impuesto inmobiliario urbano y patente con financiación de hasta 36 cuotas sin interés.
Además, declara una emergencia tarifaria para el sector productivo y propone una bonificación del 50% en las facturas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y de Aguas Santafesinas (Assa) durante un año para mipymes industriales y manufactureras intensivas en el uso de esos servicios. La autoridad de aplicación definirá los criterios de elegibilidad.
En los fundamentos, Rabbia argumentó que la industria santafesina atraviesa “una crítica situación”, con especial impacto sobre el sector metalúrgico. Citó informes de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario (AIM), según los cuales la actividad del sector cayó cerca de 9% durante 2025, profundizando un ciclo recesivo que ya había provocado un derrumbe de 26,4% en la facturación real durante 2024. Al inicio de 2026, la actividad metalúrgica registró una caída interanual del 24,9% en febrero.
El legislador sostuvo que el deterioro industrial está vinculado al aumento de importaciones, que avanzaron 44,2%, desplazando producción local y agravando el déficit comercial del sector. A esto se suma la baja utilización de la capacidad instalada, que a nivel nacional descendió al 38,9% hacia fines de 2025.
La iniciativa pone énfasis en el impacto laboral. Según los fundamentos, solo en Rosario se perdieron más de 1.300 empleos fabriles en los últimos dos años, mientras que a nivel nacional la industria metalúrgica eliminó cerca de 20 mil puestos de trabajo registrados y más de 780 empresas dejaron de operar desde finales de 2023. “Sin una intervención estatal que alivie la carga financiera y de servicios, corremos el riesgo de una destrucción irreversible del capital productivo”, afirmó Rabbia.
El texto también extiende parte de los beneficios al conjunto de los contribuyentes santafesinos, con un esquema especial para el pago del impuesto inmobiliario y de las patentes. La propuesta iniciará su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados provincial.