El Sindicato de Conductores Navales (Siconara) expresó su rechazo a una iniciativa legislativa que busca flexibilizar el ingreso de embarcaciones de bandera extranjera en la hidrovía Paraná-Paraguay. La propuesta, presentada en el Congreso, despertó críticas por su posible impacto en el empleo y la soberanía nacional.
El Sindicato de Conductores Navales (Siconara) rechazó el proyecto de ley presentado en el Congreso que transforma el régimen de navegación de cabotaje en la Argentina. La iniciativa, impulsada por el diputado nacional por Corrientes Diógenes González (UCR), flexibiliza el marco de operación de embarcaciones de bandera extranjera en la hidrovía Paraná-Paraguay, habilitándolas a operar en diversos puertos argentinos dentro de un mismo circuito.
Fernando Ramírez, secretario general del Siconara Rosario, criticó la propuesta y señaló que el legislador «muestra una peligrosa ignorancia y una preocupante falta de patriotismo». Asimismo, denunció que detrás de esta iniciativa están «las grandes agroexportadoras», a las que «solo les importa bajar costos logísticos para aumentar sus ganancias, aunque eso signifique destruir trabajo argentino, entregar nuestra soberanía y vaciar a nuestra marina mercante».
El dirigente comparó la situación con políticas de otras naciones, citando el «Plan de acción marítimo de América» presentado por el gobierno de Estados Unidos, que busca fortalecer su marina mercante nacional, proteger el cabotaje y limitar la dependencia extranjera. En ese sentido, Siconara Rosario reafirmó «la defensa irrestricta de la ley de cabotaje y del trabajo argentino embarcado, la necesidad de una marina mercante nacional fuerte, la recuperación de la industria naval y el control soberano de nuestras vías navegables».
En otro orden, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) informó irregularidades en el proceso de licitación de las obras de dragado y balizamiento de la hidrovía. El organismo señaló cuestiones «que merecen reproche administrativo y que podrían derivar en consecuencias penales», e incluso aludió a un «posible direccionamiento del proceso». La PIA, dependiente de la Procuración General de la Nación, investiga hechos de corrupción y faltas administrativas.