Un análisis sobre cómo la pérdida de derechos y la resignación social pueden erosionar la democracia, con ejemplos históricos y una mirada al presente argentino.
La frase no pretende ser solamente una definición política. Es una advertencia histórica. Las sociedades no pierden derechos de manera abrupta de un día para otro: primero se deteriora la sensibilidad colectiva frente al sufrimiento ajeno; luego se instala la idea de que reclamar derechos constituye un privilegio; finalmente, la resignación reemplaza a la ciudadanía activa.
El gobierno de Javier Milei llegó al poder prometiendo libertad, eficiencia y una transformación profunda del Estado. Sin embargo, detrás del discurso contra “la casta”, comienza a consolidarse un modelo donde el ajuste recae principalmente sobre trabajadores, jubilados, universidades públicas, científicos, médicos y sectores medios históricamente vinculados a la movilidad social argentina.
Pero el problema no es únicamente económico. Es cultural y democrático.
La historia ofrece numerosos ejemplos de cómo el deterioro de derechos termina produciendo sociedades más resignadas, más temerosas y menos capaces de reaccionar frente a la injusticia.
Uno de los antecedentes más dramáticos ocurrió en la Alemania de la década de 1930. La profunda crisis económica, la inflación y el desencanto político generaron condiciones para que amplios sectores sociales aceptaran progresivamente restricciones de libertades civiles y derechos fundamentales en nombre del orden y la estabilidad. Lo preocupante no fue solamente el avance autoritario, sino la naturalización gradual de medidas que, años antes, hubieran resultado impensables.
También en América Latina existen antecedentes elocuentes. Durante las dictaduras del Cono Sur en los años setenta, incluida la última dictadura militar argentina, el disciplinamiento social no se construyó solamente mediante la represión directa. Se sostuvo además a través del miedo cotidiano, la destrucción de organizaciones colectivas y la instalación cultural de que participar, reclamar o cuestionar podía transformarse en un peligro personal.
La resignación social fue una consecuencia política buscada.
En la Argentina de los años noventa, bajo el gobierno de Carlos Menem, se impulsó un profundo proceso de privatizaciones y flexibilización laboral acompañado por un discurso de modernización inevitable. Muchos derechos laborales comenzaron a deteriorarse mientras crecían la precarización y la exclusión. En aquel contexto también se instaló una idea peligrosa: que el desempleo y la pérdida de derechos eran costos inevitables para ingresar al “primer mundo”.
La crisis de 2001 mostró las consecuencias extremas de esa fractura social. Millones de argentinos quedaron expulsados del sistema económico mientras el Estado perdía legitimidad y la sociedad atravesaba niveles inéditos de desesperanza colectiva.
Incluso fuera de Argentina pueden observarse procesos similares. En el Reino Unido de Margaret Thatcher, durante los años ochenta, las políticas de desindustrialización y debilitamiento sindical produjeron profundas transformaciones económicas, pero también un fuerte quiebre comunitario en vastos sectores trabajadores. Décadas después, muchas regiones continúan arrastrando consecuencias sociales derivadas de aquella destrucción del tejido laboral y sindical.
Estos ejemplos históricos no implican equiparar contextos diferentes ni afirmar que la historia se repite mecánicamente. Pero sí permiten comprender una lógica recurrente: cuando los derechos retroceden y las organizaciones sociales se debilitan, aumentan el miedo, la fragmentación y la resignación colectiva.
Eso es lo verdaderamente preocupante del presente argentino.
Porque el ajuste económico puede discutirse. Lo que resulta más peligroso es la transformación cultural que intenta convencer a la sociedad de que la empatía es debilidad, que la solidaridad es un obstáculo y que defender derechos colectivos constituye una forma de privilegio.
La universidad pública, los hospitales públicos, los derechos laborales y el sistema científico no son simples estructuras administrativas. Son mecanismos de cohesión social que permiten que millones de personas no dependan exclusivamente de su poder adquisitivo para acceder a educación, salud o dignidad laboral.
Cuando esos derechos comienzan a erosionarse, también se erosiona la idea misma de comunidad.
Y allí aparece el riesgo más profundo: que la sociedad empiece a acostumbrarse.
Acostumbrarse a salarios insuficientes.
Acostumbrarse a la precarización.
Acostumbrarse al miedo a perder el trabajo.
Acostumbrarse a que los jubilados no puedan comprar medicamentos.
Acostumbrarse a que la protesta sea demonizada.
Acostumbrarse al silencio.
La historia demuestra que ninguna democracia se deteriora únicamente por decisiones económicas. También se deteriora cuando la injusticia deja de indignar.
Por eso el desafío actual no es solamente político o sindical. Es ético y cultural.
Defender derechos no implica negar los problemas estructurales de Argentina ni romantizar experiencias pasadas. Implica comprender que una sociedad sin derechos compartidos termina convirtiéndose en una comunidad fragmentada donde prevalece únicamente la lógica del más fuerte.
Y cuando eso ocurre, la libertad deja de ser un derecho colectivo para convertirse en un privilegio individual.
Porque cuando los derechos retroceden, no avanza la libertad: avanza la resignación.