Un informe del Ministerio de Salud de la Nación presentado ante el juzgado federal revela desvíos de fondos y sobreprecios de hasta 4.239% en insumos ortopédicos. La causa, que ya cuenta con chats y audios comprometedores, apunta a una red de funcionarios y empresarios.
El Ministerio de Salud de la Nación presentó un informe de ocho páginas ante el juzgado federal que investiga irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El documento detalla “desvíos críticos y sobreprecios” en facturas presentadas por un reducido grupo de ortopedias, con casos donde los valores pagados superan en más de 40 veces el precio de mercado.
La auditoría, firmada por el interventor Alejandro Vilches, analizó más de 500 expedientes que comprometen un presupuesto superior a los $18.000 millones. Entre los hallazgos más graves se destaca un sobreprecio del 4.239% en un equipo ortopédico. También se detectó que la firma Farma Salud cobró 425 millones de pesos por un sistema de válvulas que el PAMI adjudicó en la misma fecha por solo 124 millones.
Otros ejemplos de sobreprecios incluyen prótesis aórticas (Andis pagó 369,8 millones frente a 17,8 millones de otro organismo estatal), sillas de ruedas (18 millones contra 2,8 millones de valor de mercado) y válvulas pulmonares (295 millones frente a 36 millones de referencia).
La investigación fiscal, a cargo de Franco Picardi, señala la existencia de una estructura articulada entre funcionarios y empresarios. El informe del Ministerio de Salud describe una red de conexiones societarias y familiares entre proveedores, destacando al denominado “Grupo Belgrano 609”, integrado por las firmas Artrobone e Imnova, que compartían sede social y directivos para simular competencia en las contrataciones públicas.
Ante la magnitud del hallazgo, el Ministerio de Salud decidió congelar pagos pendientes por casi $5.000 millones que ya contaban con autorización previa, por considerarlos fraudulentos.
La prueba central radica en un chat de WhatsApp donde funcionarios y empresarios coordinaban las invitaciones a licitaciones. En el centro de la escena aparece Diego Spagnuolo, director de la agencia, cuya situación judicial se complicó tras la difusión de audios que sugieren el pedido de retornos a proveedores.
En su dictamen, el representante del Ministerio Público indicó que la estructura “articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo” habilitó maniobras delictivas que implicaron la erogación de aproximadamente 75.478 millones de pesos provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial.