El juez Javier Sánchez Sarmiento dispuso el arresto domiciliario de Felipe Pettinato, procesado por 27 hechos de estafa reiterada y 28 de falsificación de documentos, en una causa que se desprende de la investigación por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo.
La Justicia argentina ordenó la detención con arresto domiciliario de Felipe Pettinato en el marco de una causa por presuntas estafas y falsificación de documentos, en un nuevo capítulo que agrava su situación judicial. La medida fue dispuesta por el juez Javier Sánchez Sarmiento, quien además estableció una serie de restricciones mientras avanza la investigación.
Según la resolución, Pettinato fue procesado por 27 hechos de estafa reiterada y 28 hechos de falsificación de documentos privados, delitos que se consideran en concurso real dentro del expediente. La causa se desprende de la investigación por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrida en 2022 durante el incendio en el departamento donde ambos se encontraban.
A partir de ese expediente original, los investigadores detectaron presuntas irregularidades en el uso de recetas médicas. De acuerdo con la acusación, Pettinato habría utilizado documentación falsificada a nombre del profesional fallecido para obtener medicación, lo que dio origen a esta nueva causa por estafa.
El magistrado dispuso que el acusado cumpla la detención bajo la modalidad de arresto domiciliario en la Ciudad de Buenos Aires, con monitoreo electrónico mediante tobillera, prohibición de salida del país y un embargo de bienes fijado en un millón y medio de pesos. La resolución también contempla una excepción: Pettinato podrá salir únicamente para asistir a tratamientos vinculados a su rehabilitación por consumo problemático de sustancias, una condición que ya formaba parte de medidas judiciales previas.
El nuevo procesamiento se suma a un antecedente reciente. Semanas atrás, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 14 lo condenó a tres años de prisión en suspenso por el incendio en el que murió Rodrigo. Si bien esa sentencia no implicó cumplimiento efectivo de la pena, sí incluyó reglas de conducta y seguimiento terapéutico.