El fiscal Sebastián Narvaja solicitó 13 años de prisión para Luis Herrera y penas para su entorno familiar en una causa con 85 damnificados y un perjuicio estimado en 30 millones de dólares.
Una de las causas por estafas financieras que impactaron en Rosario en los últimos años avanzó hacia una posible instancia de juicio oral. El expediente tiene como principal acusado al financista Luis Herrera, titular de ALyC Fernández Soljan S.A., para quien el fiscal Sebastián Narvaja pidió 13 años de prisión efectiva.
En la misma presentación, el fiscal reclamó 9 años de cárcel para su hijo Ignacio, 5 para Diego Herrera y otros 5 para su esposa, Marcela Beatriz Fernández. La acusación incluye también la inhabilitación comercial del grupo familiar y fue presentada de manera parcial y urgente, ante el vencimiento de los plazos de la prisión preventiva dictada contra Herrera y sus hijos.
Según la investigación de la Fiscalía, desde la firma Fernández Soljan S.A., habilitada como Agente de Liquidación y Compensación (ALyC), se habría montado una estructura para captar ahorros de inversores. Se ofrecía colocar el dinero en operaciones del Chicago Board of Trade, pero los fondos no serían destinados a esas inversiones, sino desviados hacia otros fines o integrados a un esquema con características piramidales.
De acuerdo con la acusación, para sostener la operatoria se entregaban resúmenes de cuenta falsos, liquidaciones periódicas apócrifas y documentación que simulaba operaciones en mercados internacionales. Los fiscales consideran que este tramo de la causa constituye una plataforma acusatoria autosuficiente para avanzar hacia un juicio oral en un plazo razonable, aunque aclararon que la investigación sigue abierta.
En noviembre de 2022, Luis Herrera, su esposa y sus hijos fueron imputados por asociación ilícita, estafas, administración fraudulenta y lavado de dinero. La investigación, iniciada por el entonces fiscal Miguel Moreno, calcula un perjuicio económico cercano a los 30 millones de dólares. Según el expediente, hay 85 damnificados y se abrieron 58 carpetas judiciales.
La querella sostuvo que los inversores fueron víctimas de una estafa y de una administración fraudulenta de sus fondos. La defensa de Herrera planteó, en cambio, que se trató de un incumplimiento derivado de la alteración de variables económicas y de una situación de «estrés financiero». Con todos los acusados presos salvo Marcela Beatriz Fernández, la causa quedó encaminada hacia un juicio oral.