El fiscal Sebastián Narvaja solicitó penas de hasta 13 años de prisión para Luis Herrera y su entorno familiar, acusados de una maniobra con características piramidales que habría causado un perjuicio de unos 30 millones de dólares a 85 damnificados.
Una de las causas por estafas financieras que conmovieron a Rosario en los últimos años avanzó hacia la instancia de juicio oral. El expediente tiene como principal acusado al financista Luis Herrera, titular de ALyC Fernández Soljan S.A. El fiscal Sebastián Narvaja pidió para él 13 años de prisión efectiva, además de penas de hasta 9 años para su hijo Ignacio, 5 para Diego Herrera y otros 5 para su esposa, Marcela Beatriz Fernández. La acusación incluye la inhabilitación comercial de todo el grupo familiar.
Según la investigación, desde la firma Fernández Soljan S.A., habilitada como Agente de Liquidación y Compensación (ALyC), se habría montado una estructura para captar ahorros de inversores. Se ofrecía colocar el dinero en operaciones del Chicago Board of Trade, pero, de acuerdo a la Fiscalía, los fondos no eran destinados a esas inversiones, sino desviados o integrados a un esquema con características piramidales.
Para sostener la operatoria, se habrían entregado resúmenes de cuenta falsos, liquidaciones apócrifas y documentación que simulaba operaciones en mercados internacionales. Los fiscales consideran que este tramo de la causa constituye una plataforma acusatoria autosuficiente para avanzar hacia un juicio oral en un plazo razonable, aunque aclararon que la investigación sigue abierta.
Luis Herrera fue acusado por asociación ilícita, estafas y lavado de dinero. La investigación, iniciada por el entonces fiscal Miguel Moreno, calculó un perjuicio económico cercano a los 30 millones de dólares. En el expediente se registran 85 damnificados y se abrieron 58 carpetas judiciales.
Tras varios vaivenes en cuatro años, incluso una tentativa de juicio abreviado que no prosperó, la causa quedó encaminada hacia un juicio oral. Los tres hombres acusados continúan bajo prisión preventiva hasta abril, mientras que Marcela Beatriz Fernández no se encuentra detenida.