La Justicia federal de Rosario dictó prisión preventiva para un hombre de 30 años, imputado por reclutar jóvenes con la promesa de trabajos exclusivos en el exterior para luego viralizar sus videos íntimos en plataformas locales.
La Justicia Federal de Rosario dispuso la prisión preventiva por 90 días para un hombre de 30 años, identificado como G.G.N., acusado de integrar una estructura de explotación sexual digital. El juez de garantías Carlos Vera Barros hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, considerando que su libertad ponía en riesgo la investigación.
Según la acusación, el imputado contactaba a mujeres de entre 18 y 19 años, muchas en su primer empleo y de distintas provincias, a través de perfiles de Instagram como “Argentina Casting” o “AC”. Les ofrecía dinero por filmar contenido sexual, asegurando que el material sería comercializado exclusivamente en el extranjero. Sin embargo, la investigación determinó que los videos se viralizaban en plataformas globales sin restricción y circulaban en grupos de Telegram y WhatsApp de Rosario y otras ciudades.
Una de las víctimas declaró que se enteró por un conocido de que su video era promocionado en estos grupos, lo que derivó en que recibiera mensajes de desconocidos pidiéndole sexo y se filtrara su identidad, causándole un daño psicológico que la obligó a cerrar sus redes sociales.
El acusado ya había sido imputado en julio de 2025 por tres denuncias similares, pagando una fianza de 20 millones de pesos. Pese a ello, habría cambiado sus perfiles y continuado con la búsqueda de nuevas víctimas. Recientemente, el Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal identificó al menos a cinco nuevas afectadas, lo que motivó su detención el pasado 25 de marzo.
Las víctimas declararon en Cámara Gesell que fueron engañadas, y que los videos no solo se vieron en el exterior, sino que circularon en diversas plataformas, llegando a sus entornos familiares, generándoles angustia y afectaciones psicológicas.
Los fiscales a cargo del caso, Javier Arzubi Calvo, Soledad García, María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro, solicitaron la detención efectiva por reincidencia. Señalaron que se trata de un «dispositivo organizado de trata de personas adaptado a la era digital». El imputado operaba solo, hacía firmar contratos sin dejar leerlos, usaba nombres falsos y explotaba el material de forma indefinida.
La Unidad Fiscal Rosario remarcó que el acusado elegía un perfil específico: mujeres muy jóvenes, recién salidas de la adolescencia y en situación de vulnerabilidad económica y simbólica. Hasta el momento se identificaron ocho víctimas, pero se sospecha que hay muchas más en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Jujuy y Misiones.