En la historia, medio siglo puede ser apenas un destello de tiempo. Sin embargo para quienes fueron víctimas directas del terrorismo de Estado, para aquellos que sobrevivieron al horror, para familares de detenidos y detenidas desaparecidas, para los y las nietas cuya identidad les fue robada, 50 años es un largo e interminable proceso de memoria, verdad y justicia.
Este proceso de lucha incansable llevó a que el 18 de mayo de 2023 comience el juicio contra 18 genocidas por sus crímenes en los centros clandestinos “ 1y 60 ”, “Comisaría 2da. y “Comisaría 8va». Tres centros clandestinos que poco se conocen y se encuentran en pleno caso urbano de la ciudad de La Plata y en actividad de las fuerzas de seguridad.
Días atrás culminaron los alegatos presentados por la parte acusadora. En esta oportunidad, las abogadas Pía Garralda y Carolina Vilchez, integrantes de la querella Justicia Ya! fueron los encargados de cerrar los alegatos. Todos coincidieron en el pedido de prisión perpetua para los imputados.
El exoficial de Inteligencia del Regimiento 7 de Infantería, Jorge Alberto Crinigan, y sus excamaradas el exoficial de Operaciones Ismael Ramón Verón; el exjefe de la Compañía A, Lucas Marcelo Castro; y los exoficiales de Personal Enrique Francisco Welsh y Rubén Vicente Sánchez; el exoficial de Logística Enrique Armando Cicciari; los expolicías bonaerenses Claudio Rubén Mejías, Tomás D’ottavio y Raúl Ricardo Monzón, quienes se desempeñaron como oficiales en las instalaciones de 1 y 60; los exoficiales del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército, Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda y Jorge Héctor Di Pasquale; y los civiles Carlos Ernesto Castillo, integrante de la CNU, y Jaime Lamont Smart, exministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. También estaba acusado el excabo primero de la Policía Federal Carlos Hugo Leguizamón, pero falleció durante el juicio.
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Justicia Ya! solicitó la pena de prisión perpetua de cumplimiento efectivo para los imputados por encontrarlos coautores del delito de Genocidio, ya que fue demostrado, una vez más, que los delitos cometidos “son parte de un plan sistemático de exterminio parcial del grupo nacional argentino, contra una generación militante, de activistas y luchadores, al que era necesario aniquilar para imponer un proyecto económico, político y social que tenía como objetivo cambiar regresivamente la estructura del país; disciplinar y aumentar la explotación de la clase trabajadora; esto a la vez que al mismo ritmo se redoblaban las ataduras con los países imperialistas”.
Un plan de exterminio que no comenzó en marzo de 1976, haciendo referencia a la escalada represiva adelante durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón con las organizaciones paraestatales como la Triple A y la CNU, en el marco de un avance imperialista en la región contra el ascenso revolucionario que crecía en América Latina. No es casual que más de la mitad de las víctimas del juicio fueron trabajadores y trabajadoras de fábricas del cordón industrial de la provincia de Buenos Aires: Astillero Río Santiago, Propulsora Siderúrgica, SIAP, YPF, Frigorífico Swift, entre otros.
Ajuste y represión, la continuidad de un plan económico que hoy el gobierno negacionista de Milei lleva adelante con reformas estructurales regresivas contra la clase trabajadora y el pueblo pobre. En este sentido se señaló el desmantelamiento y cierre de espacios de suma importancia para llevar adelante estos juicios: Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas, el cierre de la Mesa sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos. El desfinanciamiento de los sitios de memoria con el despido de más de la mitad de sus trabajadores. Se estableció que los ministerios de Defensa y Seguridad no aporten legajos de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a la (CoNaDI) en los expedientes administrativos donde se investiga el destino de niñas y niños apropiados. Se modificó por decreto el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y se eliminó la Unidad Especializada de Investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, quedando aún pendiente la restitución de la identidad de alrededor 300 hijos e hijas.
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En el marco del negacionismo que sostien el gobierno, el alegato destacó el nombramiento de Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa, hijo del genocida Roque Carlos Presti, quien como jefe del Regimiento de Infantería 7 de La Plata en dictadura, fué responsable entre otros hechos del ataque a la Casa de la Calle 30 donde es apropiada Clara anahí con tres meses de edad
En este sentido, la querella sostuvo que la impunidad biológica de la que gozan los genocidas tiene su contracara con el fallecimiento de sobrevivientes y familiares, teniendo en cuenta que estamos frente a un delitos cometidos hace 50 años, en un juicio que lleva tres años. Por lo que exigieron se revoque la prisión domiciliaria de la que son beneficiados varios de los imputados imponiendo la prisión efectiva en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal.
Asimismo sostuvieron, como lo hacen desde el retorno de los juicios la exigencia de juzgamiento a los responsables civiles del genocidio que gozan de gran impunidad y siguen beneficiándose hasta nuestros días. “Son esos mismos sectores impunes los que propician y se benefician con este plan económico de pobreza, precarización y sumisión ante las recetas impuestas por el FMI, salarios estancados, jubilaciones de miseria, y el saqueo de nuestros recursos naturales”.
Para finalizar y a pocos días cumplirse 50 años del golpe genocida recordaron con profunda emoción a los compañeros y compañeras que dieron su vida para que estos juicios se lleven adelante.
“Adriana Calvo, constructora de los Trabajos de Reconstrucción de Datos con los cuales, ante la falta de investigación del Estado, pudimos llevar adelante parte de estos juicios. Adriana, al igual que Nilda Eloy y Cachito Fukman, el Turco Sobrado y Patricia Chabat marcaron el camino en la lucha por el Juicio y Castigo a todos los genocidas y justicia por todos los compañeros y compañeras.
Expresamos, a la vez, que la lucha inconmensurable de la querida Norita Cortiñas, Mirta Baravalle y Chicha Chorobik de Mariani, es también parte indisoluble de la construcción de estos juicios y reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por encontrar a Clara Anahí Mariani Teruggi, a Victoria Petrakos Castellini- hermana de nuestra compañera Clara Petrakos-, al igual que a los más de 300 jóvenes que fueron apropiados durante la dictadura y aún desconocen su identidad”.
CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS.
NO A LAS EXCARCELACIONES Y DOMICILIARIAS.
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS.
SON 30.000, FUE GENOCIDIO.