Un repaso por la historia del Estatuto del Periodista Profesional y los desafíos actuales de precarización en el sector, con declaraciones de especialistas.
La precarización laboral en el periodismo no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de la profesión. Así lo sostiene un análisis que recorre los antecedentes históricos de la disputa de los trabajadores de prensa y las condiciones actuales de empleo.
Los primeros antecedentes de disputa de los trabajadores de prensa se remontan a finales de la década del veinte. En 1938 se realizó un Congreso Nacional de Periodistas en Córdoba, del que surgió un borrador que, seis años después, se materializó en el Estatuto del Periodista. Según el texto, la consigna era: “El Estado garantiza la libertad de expresión cuando protege la labor de los periodistas y no a las empresas”.
En 1944, con el impulso del entonces coronel Juan Domingo Perón, se sancionó el decreto-ley 7.618 que sentó las bases para el reconocimiento legal de los trabajadores y las trabajadoras de prensa en la Argentina. La sanción del Estatuto del Periodista Profesional (EPP), ratificado por ley en 1946 (Ley 12.908), fue una de las primeras medidas adoptadas por Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión.
El historiador James Cane afirma: “Los periodistas ocupaban una posición clave en la producción y circulación de dos mercancías fundamentales para la elaboración de cualquier proyecto político: información e ideología”.
Por su parte, el abogado laboralista Mariano Suárez remarca que “es una ley de una extraordinaria vigencia” y agrega: “Un acierto que tiene el Estatuto es que está escrito como una norma jurídica dinámica que permite incorporar los cambios tecnológicos y los cambios en las condiciones de trabajo sin necesidad de modificar la ley. Con un texto muy cercano al original, el Estatuto atravesó la llegada de la televisión, la irrupción de internet y la situación actual del periodismo sin necesidad de una reforma legislativa. Todos los días se utiliza para resolver litigios individuales y colectivos de trabajadores de prensa públicos y privados, y sigue siendo una herramienta útil”.
El análisis señala que los periodistas y comunicadores sociales, como trabajadores, no están exentos de los cambios en el mundo del trabajo que afectan las condiciones laborales y el mercado laboral. La realidad actual configura, según el texto, un combo de pluriempleo, bajos salarios y condiciones de precarización y flexibilización.
Estudios recientes indican jornadas de trabajo que exceden largamente las seis horas diarias, descansos reducidos, horarios irregulares, trabajos nocturnos, polivalencia de tareas y multifuncionalidad. Se ejerce una profesión insegura, con tendencia al autoempleo, al subcontrato o al trabajo informal, con un perfil policompetente y multifunción.
En este contexto, el texto plantea el desafío de volver a las fuentes: las leyes del trabajo deben regular las nuevas relaciones laborales. Particularmente en los trabajadores de prensa, muchos de los cuales mantienen relaciones de empleo flexibles que redundan en condiciones de precariedad. Esto impacta no solo en la calidad del empleo sino también en la calidad de la información y la libertad de expresión.
La información es un derecho humano básico, concluye el análisis, que señala que aquella disputa de hace más de 80 años es la misma que hoy: “Hoy es nuestra pelea. Y no podemos fallar”.
