El diputado nacional Guillermo Michel solicitó la intervención de la Auditoría General de la Nación para que examine las condiciones de la venta del 90% de AySA y afirmó que el monto equivale a tres meses de facturación de la compañía.
El diputado nacional Guillermo Michel, de Unión por la Patria, presentó un pedido para que la Auditoría General de la Nación (AGN) investigue la privatización de AySA y cuestionó el precio de la operación. Según sostuvo, el valor de la venta equivale a tres meses de facturación de la empresa.
En declaraciones a Radio 10, Michel afirmó: “AySA el año pasado, en términos operativos, ganó 273 millones de dólares. Y venden el 90% por 340 millones de dólares”. A partir de esas cifras, el legislador entrerriano consideró que “la empresa está totalmente mal vendida o regalada”.
Los cuestionamientos al valor
Michel señaló que la compañía cuenta con cuatro millones de conexiones y calculó que el precio representa aproximadamente US$100 por cada una. También vinculó el monto de la venta con la duración de la concesión, que, de acuerdo con lo que expresó, se extenderá durante 360 meses.
“Le transferiste las acciones de AySA a un grupo inversor, le das la concesión por 360 meses y le vendés esa empresa por tres meses de facturación. No resiste ningún análisis técnico”, sostuvo. Su reclamo ante la AGN apunta a que se investiguen las condiciones de la operación.
Los vínculos con proveedores
El diputado también se refirió a que en el consorcio comprador participan empresas que actualmente son proveedoras de AySA. A su entender, esa situación podría generar conflictos de intereses al momento de definir contrataciones y los precios de los insumos o servicios que necesita la prestataria.
“Ellos van a estar de los dos lados del mostrador. Van a ser los dueños de AySA, que a su vez se dan vuelta y contratan a sus propias empresas”, expresó. En ese contexto, pidió que la auditoría examine esas relaciones comerciales y las condiciones bajo las cuales se realizarían las compras.
Michel indicó que ya existen dos actuaciones vinculadas con la privatización: una en la Justicia en lo Contencioso Administrativo y otra ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. “La auditoría tiene que meterse de lleno en esto, como ya se metió en lo de la Hidrovía”, insistió.
Tarifas y participación estatal
El legislador también se refirió a las consecuencias para los usuarios del conurbano bonaerense. “El agua es un derecho, es un bien esencial”, afirmó, y advirtió sobre eventuales aumentos de tarifas y cortes del servicio. Según señaló, la medida alcanza a más de 16 millones de usuarios bonaerenses.
Como alternativa, propuso un esquema de participación mixta similar al de YPF: que el Estado conservara el 51% para decidir sobre tarifas y obras, y que el 49% restante se abriera al mercado. Además, planteó que el gobierno de la provincia de Buenos Aires evalúe sumarse a los reclamos contra la privatización.