La medida alcanza a empresas argentinas que operan hacia Chile, Perú, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, y rige desde el 1 de julio de 2026 por la Resolución 1851/2026 del Ministerio de Economía.
El Gobierno argentino dispuso la prórroga por dos años de los permisos originarios, precarios y autorizaciones provisorias para la prestación del servicio público de transporte automotor de pasajeros por carretera de carácter internacional a empresas de origen nacional.
La medida alcanza a las empresas de origen argentino que operan rutas hacia Chile, Perú, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia y se adoptó mediante la Resolución 1851/2026 del Ministerio de Economía, que se publicó este lunes en el Boletín Oficial.
La decisión se aplica con vigencia a partir del 1 de julio de 2026 y abarca el tráfico con las repúblicas de Chile, Perú, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
Garantía de continuidad regional
De este modo, la medida busca garantizar la continuidad de las prestaciones en el marco del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT).
La medida se adoptó mediante la Resolución 1851/2026 del Ministerio de Economía, que se publicó este lunes en el Boletín Oficial.
Fundamentos técnicos de la decisión
Entre los considerados, la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros señaló que “considerando el próximo vencimiento de la prórroga, resulta necesario adoptar las medidas conducentes a fin de garantizar la continuidad de los servicios de transporte por automotor de pasajeros por carretera de carácter Internacional”.
En ese sentido, el área técnica remarcó que corresponde realizar la prórroga “manteniendo las condiciones bajo las cuales fueron otorgados los permisos originarios, precarios y/o autorizaciones provisorias de servicios públicos de transporte automotor de pasajeros por carretera de carácter internacional actualmente vigentes”.
Asimismo, el marco regulatorio establece que estas extensiones “revisten carácter precario, no generan derecho adquirido alguno y se otorgan hasta tanto la Autoridad de Aplicación implemente los procedimientos que estime pertinentes para la regularización definitiva, licitación, adjudicación o reorganización de los servicios involucrados”.