La diputada provincial Magdalena Odarda sostuvo que el magnate británico Joseph Lewis habría transferido a capitales emiratíes el aeropuerto privado de Sierra Grande y 30.000 hectáreas en zona de frontera. Además, alertó sobre la posible derogación de la Ley de Tierras.
La diputada provincial de Río Negro Magdalena Odarda afirmó que cerca de 70.000 hectáreas en la Patagonia estarían en manos de Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Según declaró, el magnate británico Joseph Lewis habría transferido a capitales emiratíes el aeropuerto privado de Sierra Grande, junto con 30.000 hectáreas en zona de frontera.
Odarda sostuvo que el aeropuerto, construido en 2008, no cuenta con control de Gendarmería y se encuentra a menos de dos horas de vuelo de las bases de la OTAN en Malvinas. «Lo denunciamos desde 2008 cuando se construyó y todavía no tiene un solo gendarme que controle qué avión aterriza o despega, estando a menos de dos horas de vuelo de las bases de la OTAN en Malvinas. Ese aeropuerto, que estaba en manos de ingleses, ahora pasó con 30.000 hectáreas en zona de frontera a manos de Emiratos Árabes en un negocio inmobiliario que militariza la región», advirtió.
La diputada también alertó sobre las visitas de representantes de monarquías de Medio Oriente y cuestionó la posible derogación de la Ley de Tierras, al advertir que una mayor flexibilización de las restricciones podría facilitar la concentración de tierras y el acceso a recursos estratégicos de la región. «Ya hay prácticamente 70.000 hectáreas en manos de Emiratos Árabes Unidos y de Qatar. Vienen los emires y el príncipe de Abu Dhabi con comitivas de 200 personas y nadie informa a qué vienen: si por el agua dulce, los minerales o la biodiversidad. Si se da vía libre a la compraventa indiscriminada van a blanquear todas estas irregularidades previas y, si quieren, se van a quedar con media provincia sin ningún control», sentenció.
Las declaraciones de Odarda se producen en el marco del debate por la Ley de Tierras y la posible derogación dispuesta por un DNU del presidente Javier Milei, cuya validez debe resolver la Corte Suprema.