El legislador del Frente Amplio por la Soberanía detalló sus cuestionamientos al mensaje del Poder Ejecutivo que modifica leyes penales, de inteligencia y la orgánica policial. Adelantó su voto en contra en la Comisión de Seguridad.
El diputado provincial Carlos del Frade (Frente Amplio por la Soberanía) presentó un documento con observaciones al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados de Santa Fe, ingresado el 14 de mayo de 2026 con el número de expediente 58.987. El mensaje propone diez modificaciones al Código Penal (ley 12.734), a la ley 14.243 de pena preventiva de libertad, a la ley 14.246 de inteligencia, cuatro cambios a la ley 13.494 del fondo de recompensas y a la ley 7.395, orgánica de la Policía de la Provincia de Santa Fe de 1975.
Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es atacar la “criminalidad compleja, organizada y violenta”. El texto menciona “limitaciones estructurales”, el “derecho a la seguridad” y las “herramientas tecnológicas”. Agrega que “no hay garantía efectiva sin capacidad estatal para hacerla cumplir” y sostiene que la iniciativa busca el “equilibrio entre las garantías individuales, la eficacia penal y la protección de la comunidad”.
Del Frade sostuvo que esa definición “manifiesta el objetivo del Ejecutivo de relativizar las garantías individuales en pos de la eficacia penal y la protección de la comunidad”. Asimismo, vinculó estos postulados con la primera definición del gobernador Maximiliano Pullaro al asumir ante la Asamblea Legislativa, cuando mencionó el “estado de excepción”.
El diputado señaló que la reducción de homicidios en los principales departamentos de la provincia “demuestra que se ha logrado la llamada ‘eficacia penal’ y también, en ese sentido, por lo menos un aspecto de la protección de la comunidad”. En ese marco, se preguntó: “¿Por qué buscar reducir garantías individuales cuando la llamada política pública de seguridad está dando buenos resultados?”.
Respecto del articulado, Del Frade enumeró sus diferencias:
- Artículo 1: los imputados deberán contar “en lo posible” con la presencia de su defensor. Para el diputado, “esa reducción del derecho a la defensa a mera posibilidad resulta inaceptable para una concepción democrática”.
- Artículo 3: en las exclusiones probatorias aparece la expresión “creyendo de buena fe en la legalidad de su accionar”. Del Frade afirmó que “un texto legal del tercer milenio que se subordina a una profesión de fe” y lo relacionó con la práctica policial del “tire primero, pregunte después”.
- Artículo 4: propone allanamiento sin autorización judicial. El diputado expresó su “profundo rechazo”.
- Artículo 6: modificaciones al régimen de prisión preventiva. Consideró que merece “una discusión entre constitucionalistas y penalistas que puedan democratizar conocimientos antes de volver a endurecer los tiempos sin mayores argumentos que la punibilidad demagógica”.
- Artículo 11: menciona la pena de aislamiento. Del Frade sostuvo que incurre en “violación del artículo 18 de la Constitución Nacional”.
- Artículo 17: dispone la posibilidad de reducir todo un barrio o un sector de una ciudad o población como parte de una zona de interés policial. Para el legislador, “parece ser la resurrección del estado de sitio y resulta inaceptable para nuestro punto de vista”.
Del Frade calificó el proyecto como “un retroceso democrático, un nuevo empoderamiento a la Policía de la Provincia de Santa Fe en las calles y una serie de artículos que sobrelegislan sobre una realidad que, por otra parte, tal como lo dice repetidamente el gobierno provincial, le da la razón en la reducción del número de homicidios”.
Finalmente, el diputado anticipó su voto en contra en general y en particular del mensaje del Poder Ejecutivo desde su tratamiento en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.