El máximo tribunal dejó sin efecto la sentencia que frenaba la derogación de la ley de tierras, lo que habilitó la compra de tierras rurales por extranjeros. La medida redujo la tensión en la Cámara de Diputados, donde la oposición buscaba reunir quórum para tratar el megadecreto.
La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la sentencia que frenaba la derogación de la ley de tierras, un capítulo clave del DNU 70/2023. La decisión habilitó la compra de tierras rurales por extranjeros sin los límites que establecía esa norma. El fallo se produjo en el marco del conflicto con el Centro de Ex-Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, que había cuestionado la derogación en nombre de la soberanía.
El tribunal no reconoció a los veteranos legitimación para plantear el reclamo. Al dejar sin efecto la sentencia que frenaba ese artículo, la Corte suspendió un capítulo del DNU, pero a la vez descomprimió una sesión de la Cámara de Diputados en la que estaba en juego el megadecreto desregulador con el que el gobierno de Javier Milei abrió su gestión.
La reacción social recordó la que generó, durante el macrismo, la decisión de la Corte sobre el 2×1 a los criminales de lesa humanidad. En aquel caso, el Congreso sancionó en tiempo récord una ley que impidió aplicar ese beneficio a los condenados por terrorismo de Estado. Esta vez, en otro expediente vinculado a la cuestión ambiental, la Corte revirtió los efectos prácticos de su decisión anterior mediante una cautelar interina. No resolvió sobre la constitucionalidad de la derogación de la ley de tierras, pero sí adoptó un criterio diferente.
En minoría, Carlos Rosenkrantz sostuvo que el descontento social no justificaba decisiones que la Constitución y las leyes no permiten. Sin acuerdo entre los tres integrantes, la Corte convocó a conjueces para formar mayoría ante el planteo de Árbol de Pie. Es otro episodio de tensión en una Corte de solo tres integrantes.
El dato político es que la Corte le dio a Milei una salida al laberinto. El fallo en el caso Cecim había puesto la atención pública en el DNU 70/2023. El peronismo y la oposición más dura buscaron votos para tumbarlo en Diputados. El Senado ya lo rechazó en 2024: un segundo rechazo alcanzaría para derogarlo entero.
Unión por la Patria salió a buscar apoyos para reunir quórum en la sesión convocada para el jueves próximo. El gobierno les ofreció a los aliados y a la oposición dialoguista introducir nuevos límites a la compra de tierras en la ley de propiedad privada. Los bloques del medio estaban frente a un dilema. No querían quedar ante la opinión pública como facilitadores del remate del territorio, pero tampoco les resultaba simpático compartir la escena con el peronismo, la izquierda y la oposición frontal a Milei.
La Corte alivió esa disyuntiva y Milei ganó aire para preservar el decreto que barrió, por ejemplo, con la ley de alquileres y regulaciones sobre las prepagas y las tasas de interés que cobran bancos y billeteras virtuales.
El peronismo y sus aliados decidieron sostener la sesión. Hoy cuentan con entre 114 y 115 adhesiones para dar quórum. Necesitan llegar a 129 para abrir la sesión. “Está muy difícil”, reconoce un diputado que impulsa la convocatoria.
La decisión de la Corte y la jugada del gobierno de convocar a una sesión el 21 de octubre con endeudamiento familiar y discapacidad en agenda le ponen un techo a la convocatoria del jueves. “Igual, nos sirve para poner en agenda el DNU”, dicen en la oposición más intransigente.
Ese día también marchará la comunidad universitaria. Aun en minoría y sin quórum para sesionar, el peronismo y sus aliados apuestan a que la Cámara sea la caja de resonancia de quienes cuestionan el modelo libertario.
Provincias Unidas volverá a dividirse. Gisela Scaglia y José Núñez no darán quórum; Esteban Paulón y Pablo Farías sí, junto a radicales díscolos, parte de los cordobeses, Miguel Pichetto, Nicolás Massot y Lourdes Arrieta.
Antes de pelear por su reelección, Milei necesita atravesar un momento difícil de su mandato. La discusión alrededor de la ley de tierras y el DNU 70/2023 muestra cómo distintos sectores judiciales y políticos ayudan al gobierno a transitar esta etapa. Ese sostén reúne intereses corporativos, afinidad con algunas reformas, reclamos de recursos y rechazo al regreso del peronismo.
Para una parte de esos actores, debilitar al presidente implica asumir el riesgo de un tembladeral económico y político. De todos modos, nada es para siempre. El año próximo los que hoy acompañan pueden darse vuelta. Y rápido.
“Si el gobierno baja del 30 por ciento se le van a desencajar todas las variables. El mercado va a pensar que Milei no tiene futuro, la gente va a comprar dólares, los aliados van a decir que es un piantavotos y le van a aparecer competidores”, lee un dirigente interesado en que el peronismo no regrese al poder.
El desayuno del viernes pasado con Patricia Bullrich en Olivos fue otro intento de distensión, aunque la jefa del bloque en el Senado expresa sus diferencias en público y cada vez con mayor frecuencia. Bullrich tiene un capital político propio y se planta más como socia que como subalterna.
De todos modos, el principal objetivo político de Milei antes de fin de año es suspender las Paso. Los libertarios quieren evitar un eventual sacudón financiero si los números no son los esperados y, sobre todo, sacarle al peronismo una herramienta para ordenarse.
Los gobernadores juegan con los tiempos. Cada día que pasa sus votos cotizan más. Les interesa recuperar al menos una parte de los fondos que perdieron desde 2023. También administran la distancia: necesitan negociar con la Casa Rosada sin quedar atados a la suerte electoral de Milei.
En el caso de Santa Fe, Maximiliano Pullaro estimó que, si se hubiera mantenido el nivel de recaudación y de transferencias federales, hoy la provincia tendría 765.000 millones de pesos más.
Pullaro no viajó a París para el Argentina Week ni piensa sumarse a una foto de gobernadores radicales con Milei o Diego Santilli. “Maxi no es muy afecto a las reuniones colectivas”, dicen en su entorno. Cada provincia tiene su agenda y esos encuentros proyectan una imagen de apoyo cerrado al gobierno.
Pullaro quiere dar el mensaje opuesto. La cooperación es tema por tema. Esta semana se reunirá con Franco Bartolacci. El rector de la UNR es también el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y junta apoyos para que el presupuesto 2027 contemple los recursos que reclaman las universidades.
La dinámica del conflicto universitario y su rol en el CIN pusieron a Bartolacci en un lugar de tensión permanente con el gobierno. “La universidad es una de nuestras vacas sagradas, es como Malvinas”, dicen en la Casa Gris.
En otros temas sí hay cooperación. La Nación y la provincia organizan la primera Ronda de Negocios Rigi. Será el 29 de octubre en La Fluvial. Está confirmada la presencia de Luis Caputo y podría venir Milei, quien prepara una gira por provincias vinculadas con la minería, la energía y el agro.
Pullaro busca conectar a la industria y los servicios de Santa Fe con Vaca Muerta y el litio, y posicionar a la provincia como un destino confiable para las inversiones.
Esa búsqueda también tiene un frente interno. En el núcleo del gobierno preparan para los próximos días una respuesta a la oposición por el tema deuda.
Los cañones apuntarán al peronismo. Como en seguridad, el blanco es Omar Perotti: “Nosotros endeudamos para invertir. Antes las cuentas estaban ordenadas pero la casa se venía abajo. Era una mezcla de conservadurismo con populismo. Billetera Santa Fe era un despilfarro, la tenían hasta los cordobeses”.