El plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados emitió tres dictámenes que serán tratados en el recinto en las próximas semanas. El Banco Central expuso su interpretación sobre el aumento de la mora.
El plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados finalizó este martes tres jornadas de exposiciones con la emisión de tres dictámenes sobre el sobreendeudamiento en créditos personales. Los textos serán llevados al recinto en las próximas semanas.
El dictamen de mayoría, impulsado por La Libertad Avanza con el acompañamiento del PRO y sectores de la UCR, obtuvo 32 firmas, dos de ellas en disidencia. Un segundo despacho, acordado por Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, reunió 27 adhesiones. Argentina Federal presentó un tercer texto con dos firmas.
Exposición del Banco Central
Durante la jornada, Nicolás Ferro, director y vicesuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina (BCRA), expuso ante los diputados. Ferro sostuvo que el aumento de los atrasos no puede separarse de la recuperación del financiamiento desde 2024. «La mora nunca va a ser cero en un país que crece y tiene crédito», afirmó. Y agregó: «La mora viene con el crédito. Si es cero, es porque no hay crédito».
Según los números presentados por Ferro, desde abril de 2024 el saldo de financiaciones en pesos y dólares aumentó alrededor de 140%. El crédito denominado en dólares se triplicó, el otorgado en pesos se duplicó y el stock total alcanzó unos $165 billones. El crédito hipotecario duplicó su volumen y pasó a representar cerca del 5% de los balances bancarios.
El Informe sobre Bancos del BCRA correspondiente a julio indica que 12,9% del crédito otorgado a las familias por entidades financieras se encontraba en situación irregular, frente a 3,6% entre las empresas. Un año antes, en julio de 2025, la mora familiar era de 5,6%.
El CEPA calcula que la irregularidad entre las familias pasó de 2,5% a 13% dentro del sistema financiero y de 7,3% a 33,9% en los proveedores no financieros, comparado con 2024. Según el informe, el fenómeno se debe principalmente al deterioro de los ingresos frente a gastos esenciales.
Contenido de los dictámenes
El dictamen de mayoría impulsado por La Libertad Avanza, el PRO y parte de la UCR no crea un plan general de refinanciación para quienes ya están en mora. Su eje está puesto en la prevención: mayor transparencia sobre las condiciones de los créditos, costos y carga tributaria; educación financiera y digital; mecanismos para prevenir fraudes; consentimiento reforzado, herramientas de autocontrol y portabilidad para cambiar de proveedor.
La diputada Silvana Giudici defendió ese abordaje y sostuvo: «No debemos sacar parches que terminen quebrando el sistema financiero».
El segundo dictamen, acordado por Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, atiende prioritariamente las deudas que ya entraron en mora. Propone declarar una emergencia por 180 días y habilitar un régimen para personas con al menos 60 días de atraso, que destinen 30% o más de sus ingresos al pago de obligaciones y cuya deuda no supere el equivalente a dos Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2.
El esquema contempla eliminar los intereses punitorios, extender las refinanciaciones durante al menos 12 meses y limitar las cuotas al 30% de los ingresos. La tasa aplicable al saldo reestructurado tendría como techo la TAMAR de bancos privados del mes anterior más 25 puntos porcentuales. También contempla suspensiones de embargos, cobranzas extrajudiciales y nuevos reportes negativos sobre las obligaciones incluidas.
El tercer despacho pertenece a Argentina Federal. Propone declarar por un año la emergencia social y económica en materia de endeudamiento —con posibilidad de prórroga— y crear un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal. Entre sus herramientas plantea unificar obligaciones en una sola operación, refinanciarlas a una tasa fija de hasta 35% y limitar el universo de beneficiarios según sus ingresos y nivel de compromiso financiero. Además, para determinados créditos de consumo establece como límite una tasa nominal equivalente a 1,5 veces la aplicada a los plazos fijos de personas humanas a 30 días.