Rusia extendió las prohibiciones de exportación de diésel y destilados, mientras Estados Unidos analiza restricciones temporales. La Argentina, con capacidad ociosa en biodiésel, enfrenta oportunidades y desafíos regulatorios.
Rusia extendió las prohibiciones de exportación de diésel y destilados. La ofensiva de ataques ucranianos con drones contra su infraestructura petrolera redujo su refinación a mínimos no vistos en más de veinte años, retirando del mercado internacional cerca del 10% de la oferta marítima global de este combustible.
Según reportó Bloomberg, la administración de Donald Trump en Estados Unidos analiza implementar restricciones o una prohibición temporal de tres meses a las exportaciones de gasoil para contener los precios internos -que alcanzaron récords de más de US$ 6,50 por galón- en un contexto de inventarios en sus niveles más bajos desde 1982.
La geopolítica energética atraviesa uno de sus momentos más vertiginosos de las últimas décadas.
En un tablero global convulsionado por conflictos bélicos, restricciones a las exportaciones de combustibles y cuellos de botella en la refinación, la Argentina se encuentra ante una paradoja estructural.
Por un lado, cuenta con la protección de sus recursos hidrocarburíferos locales; por el otro, atesora una industria bioenergética con un potencial enorme que puja por consolidar su lugar en la matriz nacional y en los mercados internacionales.
El mercado mundial del diésel cruje bajo la presión combinada de las guerras en Medio Oriente y Ucrania, junto con drásticas restricciones a la exportación impulsadas por los principales jugadores del planeta.
Esta medida recortaría aún más una oferta global donde las ventas estadounidenses representan casi un quinto del comercio marítimo mundial de diésel.
De acuerdo con análisis publicados por Le Grand Continent y Bloomberg, las brechas de refinación (crack spreads) llegaron a situarse en US$ 100 por barril -cuatro veces su nivel habitual-, provocando incrementos acumulados de hasta un 50% en los precios en surtidores de EE.UU. y del 24% en la Unión Europea.
A la escasez física y el encarecimiento de los fletes marítimos se le suma la exacerbación del riesgo geopolítico. Según un reporte especializado de Econojournal, Europa se prepara para responder a eventuales ataques híbridos rusos, identificando a la infraestructura energética del continente entre los objetivos prioritarios.
Esta vulnerabilidad crítica añade volatilidad e incertidumbre a la cadena global de suministros, aumentando las primas de riesgo en el comercio exterior de combustibles. Aunque la Argentina está protegida contra el desabastecimiento físico, no resulta inmune a la volatilidad internacional.
En el último mes, los precios de las naftas y el gasoil en los surtidores locales acumularon una suba promedio cercana al 20%, sumado a ajustes recientes de entre el 2,5% y el 5% aplicados por petroleras como Raízen (Shell), Axion y Puma para absorber los mayores costos de reposición internacional.
La señal de alerta más severa se observó en el canal mayorista. Históricamente, el precio del gasoil al por mayor resultaba hasta un 15% más económico que el minorista en estaciones de servicio; en la actualidad, esa relación se invirtió y el gasoil mayorista cotiza entre un 8% y un 10% por encima del valor en surtidor.
Esta distorsión golpeó en el momento más sensible del calendario productivo: la cosecha gruesa. Al ser el gasoil un insumo indispensable en la matriz logística nacional -utilizado por tractores, cosechadoras y el transporte pesado de cargas-, cualquier encarecimiento impacta directamente sobre los costos de producción y, en última instancia, termina trasladándose a los precios de los alimentos.
El cambio de régimen tiene costos. También beneficios de alto impacto. Si la Argentina tuviera hoy el déficit energético del 2023 -sin la expansión de Vaca Muerta gracias al RIGI- el rojo comercial energético de unos US$ 600 millones aquel año se habría agravado, con el consiguiente shock cambiario y agotamiento de reservas que por entonces ya eran negativas en unos US$ 11,5 mil millones.
A eso se sumaban unos US$ 52 mil millones de importaciones impagas. Con la crisis geopolítica global empujando el crudo internacional por encima de los US$ 100/103 por barril, los costos de importación de gasoil y GNL se habrían multiplicado exponencialmente.
Al no contar con los dólares necesarios debido a la escasez estructural de reservas, el Banco Central habría sufrido una presión devaluatoria insostenible, forzando restricciones aún más severas sobre el resto de la industria.
Si la industria argentina padece hoy la apertura y la depresión del mercado interno, bajo las condiciones de 2023 el país dependería críticamente de barcos de GNL extranjeros con un imaginable escenario de cortes masivos de gas y electricidad a industrias y pymes, falta de gasoil en plena cosecha e incremento de subsidios y déficit fiscal.
La Argentina exhibe una fortaleza singular no solo por el RIGI/Vaca Muerta. Cuenta con capacidad de refinación propia: el país produce 882.000 barriles diarios de crudo, destinando más de 570.000 barriles al procesamiento interno a través de sus cinco refinerías operativas (YPF, Raízen, Axion y Trafigura/Puma).
Las sostenidas inversiones en modernización y reacondicionamiento de plantas -como los proyectos ejecutados por YPF en Luján de Cuyo y La Plata para procesar el petróleo liviano Medanito de Vaca Muerta- permitieron alcanzar tasas de utilización de refinerías superiores al 90%.
Gracias a este esquema, el país logró desplazar de manera drástica la importación de gasoil, registrando trimestres con importaciones nulas de combustibles fósiles e incluso comenzó a realizar exportaciones modestas de diésel de ultra bajo azufre (ULSD) hacia mercados regionales.
En este complejo escenario energético, el biodiésel argentino emerge con inversiones ya realizadas, como un pilar estratégico de sustitución y competitividad.
La Argentina posee una capacidad instalada de producción de biodiésel de aproximadamente 4,3 a 4,4 mil millones de litros anuales, pero las plantas operan con una elevada capacidad ociosa, utilizando apenas entre un 25% y un 30% de su potencial debido a las restricciones regulatorias internas y al freno exportador.
Durante el panel «El futuro del comercio agroindustrial: tendencias, riesgos y oportunidades», en el marco del lanzamiento de la Campaña Gruesa 2026/27 organizado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, fijó la posición del sector exportador.
Idígoras calificó a la actual Ley 27.640 de biocombustibles como un marco de tipo «soviético», argumentando que es un modelo donde el Estado determina mensualmente quién produce, cuánto produce y a qué precio se comercializa. En su lugar, abogó por avanzar hacia un esquema competitivo y de mercado abierto similar al de Brasil.
Remarcó que el desarrollo de los biocombustibles es clave para la seguridad y soberanía energética frente a los conflictos internacionales, señalando que el futuro de la agroindustria pasa por transformar la producción de granos en bioetanol y biodiésel para abastecer no solo la movilidad terrestre, sino también la incipiente demanda global del transporte marítimo y la aviación sostenible (SAF).
Pese al contexto global favorable para la energía renovable, la industria local arrastra un estancamiento en sus ventas externas. Entre enero y julio del corriente año, la producción acumulada de biodiésel alcanzó las 621.000 toneladas, una mejora interanual del 12% que sin embargo es el tercer volumen acumulado más bajo en 17 años, un 37% menos que las cifras registradas en 2010.
Esta caída responde al endurecimiento de barreras comerciales en el exterior. Con los mercados de Estados Unidos y Perú prácticamente cerrados por medidas antidumping y compensatorias, la Unión Europea quedó como el único destino relevante de exportación para el biodiésel argentino.
El 8 de julio de 2026, el pleno del Parlamento Europeo votó en rechazo de la modificación impulsada por la Comisión Europea, que pretendía calificar la soja argentina (base del aceite con el que se produce el biodiésel) como cultivo de alto riesgo.
De concretarse la exclusión del biodiésel a base de soja en el mercado comunitario, las plantas argentinas hubieran quedado marginadas del bloque europeo, generando un daño comercial directo estimado en US$ 350 millones anuales y arriesgando el cierre definitivo de la industria orientada al comercio exterior.
Cabe recordar que frente a la amenaza europea sobre la cadena de valor de la soja, el gobierno de la provincia de Santa Fe encaró una ofensiva diplomática e institucional. El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, le entregaron al canciller Pablo Quirno un dossier técnico, científico y económico de sustento.
El documento reúne datos específicos que refutan la clasificación de la soja como un insumo de alto riesgo ambiental, demostrando la sustentabilidad del ciclo de vida del biodiésel argentino.
Buscando brindar previsibilidad e impulsar el mercado interno, el Senado de la Nación dio media sanción a un nuevo marco regulatorio para la industria de los biocombustibles (iniciativa informada por la senadora Flavia Royón), el cual sustituye a la Ley 27.640 y establece una vigencia de 15 años.
Aumento de cortes obligatorios: En el caso del biodiésel, el piso de mezcla obligatoria en el gasoil se eleva del 7,5% al 10%. Para el bioetanol en naftas, la obligación sube del 12% al 15%.
Federalismo y mezclas superiores: Los cortes nacionales funcionan como pisos mínimos; se faculta a las provincias a establecer regímenes locales con porcentajes superiores, promoviendo la instalación de surtidores adicionales y la libre circulación de vehículos con tecnología flex fuel.
Mecanismo de mercado: Se elimina la fijación discrecional de precios estatales para pasar a un mercado electrónico único de subastas y contratos a término libremente negociados entre elaboradores y refinadores, con un precio de referencia basado en paridad de importación.
Protección y transición a PYMES: Con la mira puesta en el entramado industrial de Santa Fe, la norma establece un periodo de adaptación hasta el año 2036. Las pymes (empresas no integradas) mantendrán un segmento reservado de mercado interno donde competirán entre sí, mientras que las multinacionales integradas competirán en su propio cupo antes de converger hacia una apertura total.
Tratamiento impositivo: La fracción de biocombustible utilizada en el corte obligatorio queda exenta del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono.
La conjunción entre la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta, la alta capacidad refinadora local y el impulso del nuevo marco regulatorio para los biocombustibles coloca a la Argentina en una posición estratégica envidiable.
Sin embargo, para convertir la abundante capacidad ociosa del biodiésel santafesino en divisas y soberanía energética, resultará determinante la firmeza de las gestiones diplomáticas para derribar las barreras paraarancelarias en el exterior.