El exjefe de Gabinete Manuel Adorni entregó un informe técnico-contable de 78 carillas al fiscal federal Gerardo Pollicita y al juez Ariel Lijo en el que rechaza las acusaciones de desproporción patrimonial y justifica sus bienes con inversiones en criptomonedas y ahorros no declarados.
El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó un informe técnico-contable de 78 carillas al fiscal federal Gerardo Pollicita y al juez Ariel Lijo en el que rechaza las acusaciones de desproporción en sus bienes. El documento, patrocinado por el abogado Matías Ledesma, sostiene que USD 591.544,61 en efectivo no declarados ante la Oficina Anticorrupción provienen de la venta escalonada de Bitcoin alojados en ocho billeteras virtuales, con movimientos registrados entre 2014 y 2018.
Según el escrito, esas operaciones se liquidaron en el circuito informal o «blue», una «conducta extendida en amplios sectores de la sociedad argentina» ante la inestabilidad económica. La defensa afirmó que esos fondos se destinaron a gastos cotidianos, ahorros de la sociedad conyugal y viajes familiares a destinos como Aruba y el hotel Llao Llao. Para respaldar la existencia de las billeteras, se adjuntaron las claves privadas de las cuentas.
Contradicciones por las obras en Indio Cuá
El informe también respondió al testimonio del contratista Matías Tabar, quien declaró bajo juramento haber percibido USD 245.929 en efectivo por la remodelación de la propiedad de Adorni en el country Indio Cuá. La defensa sostuvo que la obra demandó USD 175.000, abonados desde cuentas bancarias, y señaló que las planillas del constructor contienen «errores de matemática elemental» en sumas que rondan los USD 285.000. Además, indicó que el lote costó USD 120.000, pagados con un crédito hipotecario de USD 100.000 y USD 20.000 que su esposa, Bettina Angeletti, tenía en efectivo.
Facturación a nombre de terceros
La fiscalía investiga el presunto uso de personas subordinadas en la Casa Rosada para facturar consumos personales. Entre las transacciones figuran la compra de un «monitor gamer» y proyectores para videojuegos por $5.848.589, y sommiers por más de $8.183.383, facturados a nombre de la empleada pública Gisela Kocsis. La defensa atribuyó estas compras a la delegación de tareas domésticas por la carga horaria de Adorni y a una «estricta relación de confianza». Justificaciones similares se presentaron para Laura Daniela Schiuma, quien prestó tarjetas de crédito por una amistad previa, y para Luis Enrique Aluju, dueño de un proyector enviado al domicilio del exfuncionario por razones logísticas.
La «brecha residual» de $43 millones
Sobre el descalce de $43.068.549 detectado entre ingresos familiares y gastos declarados, el informe contable argumentó que representa el 15,8% de los egresos totales reconstruidos ($272.820.832,20). Lo calificó como una «brecha residual» esperable, producto de oscilaciones en las cotizaciones informales de divisas y de gastos menores sin comprobantes electrónicos en los registros de ARCA.
Con este descargo, Adorni busca cerrar el requerimiento fiscal. La fiscalía de Pollicita revisará la validez de los soportes informáticos provistos. Si considera que la justificación con «billeteras virtuales informales» carece de sustento legal, el expediente avanzará hacia un pedido formal de declaración indagatoria ante el juez Lijo.