El tribunal integrado por Fernando Sosa, Agustín Valdes Tiejten y Mariano Aliau condenó a Jonatan «Peco» Almada a 27 años de prisión como organizador de una asociación ilícita. La pena se unifica con una anterior por narcotráfico, totalizando 33 años. El juicio había sido suspendido por el apartamiento de una jueza.
Jonatan «Peco» Almada fue condenado este miércoles a 27 años de prisión como organizador de una asociación ilícita. La sentencia fue leída por los jueces Fernando Sosa, Agustín Valdes Tiejten y Mariano Aliau en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La pena se unifica con una condena anterior por narcotráfico, por lo que cumplirá en total 33 años de cárcel.
Almada, de 34 años, llegó a juicio en soledad porque, a diferencia de sus socios, se negó a aceptar una condena en juicio abreviado. Había sido detenido en agosto de 2022 en un departamento del centro de Rosario. Los fiscales Franco Carbone y Patricio Saldutti habían solicitado una pena de 40 años de prisión a unificar en 46 con una pena previa de 6 años que Almada cumple por venta de drogas.
El veredicto fue por un monto menor al requerido por la fiscalía. Almada fue absuelto en algunas acusaciones por delitos puntuales. Se lo consideró organizador de una asociación ilícita agravada por la participación de menores de edad, tenencia de armas de guerra, amenazas calificadas para hacer que las víctimas abandonaran su domicilio, instigador de amenazas coactivas dirigidas a obtener concesiones del poder público, abuso de armas y extorsión. Quedaron fuera otros señalamientos por un caso de extorsión, una usurpación y una tentativa de homicidio contra un grupo familiar, por el beneficio de la duda. El tribunal también dispuso inhabilitación absoluta por igual tiempo de la condena.
El juicio había comenzado el 20 de julio pasado, pero se suspendió ante un planteo de la defensora pública Flavia Renzi, quien representó a Almada en el debate. Renzi señaló que una de las juezas del tribunal, Lorena Aronne, ya había dictado sentencia a miembros de la misma estructura criminal en un juicio abreviado. La jueza decidió apartarse para no afectar garantías procesales y se designó un nuevo equipo de magistrados. El fiscal Pablo Socca, quien intervino en el primer tramo del debate, ordenó allanamientos y el arresto de seis personas por amenazas a vecinos de Ludueña que declararon en el juicio.
Por integrar la banda que según la sentencia tuvo a Almada como organizador fueron condenadas 36 personas, entre ellas cinco policías que facilitaban información o participaban en las extorsiones. Según la pesquisa judicial, la banda se creó en la cárcel de Piñero. El preso Matías «Pino» César, hombre de Los Monos, formó alianza con sus compañeros de pabellón Andy Benítez y Julián Aguirre, oriundos de barrio Ludueña, quienes reclutaron personas de confianza en libertad para ejecutar los delitos.
Los tres fueron condenados a 20 años de prisión por sus roles de liderazgo. Sus directivas recaían en Mauro Gerez y Oscar «Nenu» Ramírez —condenados a 9 y 12 años— así como en Jonatan Almada, hijo de un expolicía condenado a 3 años de prisión condicional por prestar servicios a la organización. Su hermana, Brenda Almada, fue condenada a 5 años por pertenencia a la banda. Otra hermana, Verónica Almada, de 38 años, fue asesinada el 18 de febrero de 2022 en la puerta de su casa de Urquiza al 6000, en un ataque a tiros dirigido a Peco.
Este armado afín a Los Monos estuvo activo desde julio de 2021 hasta comienzos de 2023. Con base en Ludueña, el grupo se enfrentó con una formación rival liderada por Francisco «Fran» Riquelme y ligada al empresario narco Esteban Alvarado. La disputa se extendió a los barrios Empalme Graneros e Industrial con al menos cuarenta homicidios, en ocasiones con víctimas ajenas al conflicto, además de extorsiones a comerciantes y vecinos para quedarse con dinero o propiedades.
A Almada se le atribuyó haber sido el encargado de distribuir droga a otros miembros, administrar y controlar la recaudación (usaba una máquina de contar billetes y llevaba anotaciones en un cuaderno), ocuparse de la gestión de las armas y transmitir directivas, además de intervenir personalmente en aprietes extorsivos. «Es uno de los integrantes más importantes dentro de la estructura. También amenaza a víctimas o testigos que denuncian las actividades ilícitas de la banda. Se encarga de asignar a las personas que van a ocupar las viviendas usurpadas y dispone de autos y motos para la comisión de diversos ilícitos», planteó la acusación.
Entre los casos por los que fue condenado figura una serie de amenazas dirigidas al fiscal Socca y a su par Matías Edery. Ambos fueron mencionados en carteles con mensajes intimidantes que aparecieron en distintos puntos de la ciudad: una sede de la entonces Agencia de Investigación Criminal, en Lamadrid y Salva, el Hospital de Niños Zona Norte, el Centro Municipal de Distrito Sur y la sede de Televisión Litoral. De ahí la condena por amenazas coactivas calificadas.