La magistrada de Lomas de Zamora, especialista en derecho de familia y exfuncionaria durante el gobierno de Eduardo Duhalde, emitió una medida cautelar que detiene la aplicación de la ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires.
La jueza Marta Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, suspendió por 60 días la aplicación en la provincia de Buenos Aires de la ley 27.801, que establece la imputabilidad a partir de los 14 años. La medida fue dada a conocer en las últimas horas y tiene alcance provincial.
Pascual nació y se crió en el partido bonaerense de Almirante Brown. Estudió abogacía en la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con posgrados en Derecho Público y en Magistratura. Es madre de cuatro hijos y abuela de nueve nietos.
En el ámbito público, se desempeñó como ministra de Familia y Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Eduardo Duhalde. También fue presidenta del Consejo Provincial del Menor y consultora de Unicef. Además, presidió la Asociación Internacional de Magistrados y Funcionarios de la Juventud y de la Familia (Aimjf).
En el ámbito académico, dirige la carrera de Especialización en Derecho de Familia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y fue docente en diversas universidades nacionales e internacionales. En junio de 2025, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) le otorgó el doctorado honoris causa. En esa ocasión, la UNAB señaló que Pascual «lideró iniciativas innovadoras como la Red de Potreros Digitales, destinada a capacitar a jóvenes en situación de vulnerabilidad» y que publicó más de 30 trabajos especializados.
En su resolución, la magistrada afirmó: «Hacinar menores, tarde o temprano, incrementa los niveles de inseguridad y violencia. Como operadora del sistema penal juvenil, asumo la responsabilidad que me compete no solo en la afectación de las garantías de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también en preservar los intereses de la comunidad a la que deben regresar los jóvenes una vez cumplida la medida».
En declaraciones a radio Now 97.9, Pascual sostuvo: «No estoy en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad. No romantizo a los chicos que salen con un arma. Hay una sensación de que con esta ley le damos más seguridad a la gente, pero no vamos a crear más seguridad. Yo aplico lo que se llama ‘justicia restaurativa’, que tiene que ver con restaurar los vínculos y con que los jóvenes se responsabilicen y vuelvan a su comunidad siendo ciudadanos y no ‘pibes chorros’. Tenemos que tener los mecanismos para poder implementar la ley».
En el fallo, la jueza también expresó: «Se debe resolver si el Estado puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables para cumplir los estándares constitucionales y convencionales que rigen toda privación de la libertad durante la adolescencia. No cabe ninguna duda, y resulta de sentido común, que la aplicación inmediata de la ley, con motivo de ampliar el universo de adolescentes punibles (mediante la incorporación de los adolescentes de 14 y 15 años), la exclusión de los delitos que no resultaban punibles (sancionados con penas menores a dos años) y la aplicación plena de la escala penal prevista en el código de fondo, aumentará considerablemente la cantidad -por mayores ingresos y por mayor permanencia- de personas privadas de la libertad. Este aumento, si bien será progresivo y, por lo tanto, llevará un tiempo hasta evaluar el incremento definitivo en la cantidad de personas detenidas, también puede llegar a tener impacto inmediato en razón de los cambios de parámetros para las detenciones y prisiones preventivas».